11º-15º
martes | 14 mayo | 2024
La representación legal de la multinacional Alcoa alegó a la existencia de “pérdidas severas y recurrentes” para rechazar las medidas cautelares planteadas por los sindicatos CIG, CC.OO. y UGT, junto al comité de empresa de la fábrica de Cervo (Lugo), para paralizar temporalmente el expediente de regulación de empleo (ERE) para 524 trabajadores.
La cautelar pide, en concreto, la intervención o administración judicial de la planta de aluminio por parte de la SEPI (sociedad estatal de participaciones industriales) y “subsidiariamente que se ordene a Alcoa no comenzar con la paralización de las cubas y en consecuencia no ejecutar los despidos individuales en tanto no exista sentencia firme”.
En su exposición ante los magistrados del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), el abogado de la parte demandada cifró en 170 millones de euros las pérdidas en los últimos tres años, incluidas las del actual ejercicio, que estimó en 58 millones. “En las que no está incluido el impacto de la huelga”, precisó.
“Hay una causa estructural”, ha dicho para justificar el despido colectivo, del que ha rechazado que obedezca a un “capricho”. “No se puede obligar a Alcoa a vender sí o sí”, añadió sobre el interés de Liberty House, cuyas exigencias para la compra cuestionó.
La situación de las cubas y el precio de la energía centraron parte de las intervenciones. El representante de la multinacional manifestó que son “el foco fundamental de las pérdidas”. “Pérdidas de más de un millón de euros por semana”, expuso sobre unas cifras respaldadas por los peritos.
El presidente del comité de empresa de la fábrica, José Antonio Zan, acusó a la multinacional de “mentir desde el primer momento”. “Ocultación”, resumió, a su vez, el secretario xeral de la CIG, Paulo Carril, sobre el procedimiento en las negociaciones.
“Hubo un entorpecimiento al proceso”, expuso en línea con lo manifestado por Zan, quien cuestionó que pueda retomarse la actividad de las cubas con normalidad una vez que se paralice.
Tras la sesión el representante sindical consideró que es un “fracaso como país” que se haya tenido que recurrir a los tribunales y denunció la “inacción de dos gobiernos –en referencia a Xunta y Gobierno central– que son los que tienen que intervenir la empresa”, reiteró. l
