A punto de constituirse las nuevas Cortes, calan dos nuevas imprecisiones en ciertas tertulias. Resulta habitual escuchar que la composición de la Mesa del Congreso pueda favorecer, o no, la tramitación de ciertas iniciativas parlamentarias a tenor de su fondo. Sin restar un ápice de importancia a la Mesa, entre sus funciones no está la de elegir arbitrariamente qué políticas se llevan o no a tramitación en el Congreso. La Mesa ejerce en este caso, ni más ni menos, un control de legalidad: las iniciativas ante ella prosperan si cumplen los requisitos de forma y no lo hacen en caso contrario. También ahora se atribuye al rey un papel de elector en cuanto a quién debe, o no, presentarse a la investidura. En realidad, el monarca únicamente propone, formalmente, a quien decide dar el paso. En ambos casos, ojo con normalizar lo contrario.