Los socios del Gobierno proponen que se suprima el título de rey en la ley de Memoria

Los socios del Gobierno proponen que se suprima  el título de rey en  la ley de Memoria
Ley de Memoria Democrática

Los socios del Gobierno presentaron en el Congreso una serie de enmiendas conjuntas a la Ley de Memoria Democrática entre la que destaca una que pide la supresión del título de rey por haber sido concedido a Juan Carlos I por un “régimen ilegal”, en referencia a la dictadura franquista.


En concreto, ERC, Bildu, Junts, el PDeCat, la CUP y el BNG, registraron seis enmiendas parciales a la Ley de Memoria Democrática, que se tramita en el Congreso y que sustituirá y ampliará la Ley de memoria histórica vigente desde 2007.


Entre otras propuestas, estas formaciones abogan por la supresión del título de rey de España “así como todos los privilegios y prerrogativas personales y familiares que del mismo se derivan” y justifica su enmienda citando un artículo de la propia ley.


A su juicio, su petición está plenamente justificada puesto que la norma plantea la revisión o directamente la retirada de reconocimientos, honores y distinciones “que resulten manifiestamente incompatibles con los valores democráticos y los derechos y libertades fundamentales, que comporten exaltación o enaltecimiento de las sublevación militar, la Guerra o la Dictadura o que hubieran sido concedidas con motivo de haber formado parte del aparato de represión de la dictadura franquista”.


El príncipe exaltó la dictadura

La enmienda ragumenta que la actual monarquía “tiene su origen” en la dictadura franquista y Juan Carlos I exaltó la Guerra Civil y la dictadura al jurar lealtad al Caudillo y a los principios del Movimiento Nacional cuando fue nombrado “Príncipe de España” y su sucesor en la Jefatura del Estado en 1969.


Asimismo, aducen que nunca se permitió que “la ciudadanía votase de forma efectiva por la forma de Estado preferida”, puesto que en el referéndum sobre la Constitución de 1978 se votó

a la vez sobre “la forma del Estado, su jefatura y el sistema constitucional”.


“Cabe decir, pues, que este hecho histórico es más bien poco compatible con los principios de un sistema democrático como el que se decía querer implantar. En este sentido, debería revisarse su fundamento”, señalan estas formaciones que, no obstante, podrían toparse con el veto de la Mesa por proponer una revisión constitucional a través de una enmienda parcial a una ley.


Estos partidos utilizan también sus enmiendas para derogar parte de la Ley de Amnistía de 1977, modificarla y añadir un nuevo párrafo en el Código Penal con el objetivo de que se pueda juzgar a los responsables de “genocidio, crímenes de lesa humanidad, delitos de guerra u otras graves violaciones de los Derechos Humanos” durante la contienda civil o el franquismo.


Otra de las enmiendas fija un plazo de un año desde la entrada en vigor de la ley para que la Prefectura Superior de Policía de Cataluña, sita en Vía Laitana 43, de Barcelona, sea devuelta a la Generalitat “con la debida dotación presupuestaria para su museización y transformación en un centro de memoria democrática”.


También, establece un plazo de seis meses para que se facilite a la Generalitat copia de todos los atestados pertenecientes a esta sede policial, fechados entre 1938 y 1986, que se encuentren en el Archivo Histórico de la Policía o el Archivo Histórico Nacional 

Los socios del Gobierno proponen que se suprima el título de rey en la ley de Memoria

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