11º-18º
viernes | 19 abril | 2024
El conselleiro de Educación de la Xunta, Román Rodríguez, ha tachado de "barbaridad" y "sinsentido" la posibilidad de eliminar los exámenes de recuperación en Secundaria y ha asegurado que "nadie quiere vivir en un país de aprobado general dónde dé todo igual".
Rodríguez se ha pronunciado de este modo en un acto en Noia sobre el proyecto de real decreto por el que se regulará la evaluación y promoción en Educación Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional que elabora el Gobierno y que ha sido sometido durante el mes de julio a consulta pública.
Según ese borrador, las decisiones sobre promoción y evaluación de la ESO serán adoptadas colegiadamente por el equipo docente, sin que sea obligatorio realizar una prueba extraordinaria o examen de recuperación de las materias no superadas, que sí tendrán que realizar los alumnos de Bachillerato.
El conselleiro gallego ha anunciado que enviará una carta a la ministra de Educación "para que no caiga en los errores de su antecesora".
Rodríguez entiende que este proyecto "consolida el aprobado general", una medida que solo puede tener efectos "negativos" y "perversos", entre ellos, una menor preparación, una mayor desigualdad y una desincentivación de la actividad docente.
En su opinión, si lo que se pretende es reducir el abandono escolar y lograr que más alumnos concluyan con éxito su itinerario formativo hay que apostar programas de refuerzo y "no dar un aprobado general y patada a seguir".
Además de la carta, el conselleiro ha avanzado también la disposición de la Xunta a poner en marcha "todas las herramientas jurídicas a su alcance" para evitar que esta propuesta salga adelante.
En su intervención también ha censurado que desde un punto de vista técnico el proyecto del Gobierno carece de sentido ya que "se quiere aplicar este año ya", por lo que a alumnos que estudian bajo el marco de la LOMCE se les aplicaría la LOMLOE, ha criticado.
Galicia inicia estas semanas un nuevo curso académico, una etapa que la Xunta definió como un periodo de transición para ir dejando atrás los meses de pandemia y recuperar la normalidad en el día a día de los centros. Sin embargo, las medidas acordadas en el nuevo protocolo educativo, en particular la reducción de la distancia en el aula de 1,5 a 1,2 metros a partir de secundaria, han suscitado numerosas críticas entre la comunidad escolar.
Sindicatos docentes, asociaciones de madres y padres y directores de centros educativos han lamentado en declaraciones a Europa Press el cambio de criterio adoptado por el Gobierno gallego, al entender que implicará un incremento del número de alumnos por aula respecto al curso 2020-2021 y supondrá deshacer la mayor parte de desdobles realizados el pasado año para cumplir con las medidas de seguridad ante la covid.
Todos ellos coinciden en el mismo argumento: el refuerzo docente y la constitución de grupos más reducidos favoreció un incremento notable tanto del rendimiento del alumnado como de los resultados académicos, además de una mejor atención individualizada de los estudiantes.
"Partimos en teoría con ventaja con respecto al curso pasado, pero es triste que no aprovechemos lo que aprendimos en pandemia. Es decir, volvemos al tema recurrente de la ratio, a pesar de que se demostró que para mejorar la calidad de la educación se tienen que rebajar los alumnos por aula", incidió Francisco Lires, de la Federación de Directores de Centros Públicos.
Lires se refirió en concreto al nuevo criterio para calcular el número de alumnos por aula, el paso a una distancia de 1,2 metros entre estudiantes. Una decisión "que no tiene nada que ver con el ámbito sanitario" ni la seguridad, advirtió, puesto que los 1,5 metros siguen vigentes en todos los ámbitos sociales fuera de las clases, incluso dentro del propio centro.
"Está claro que es para que en las aulas entren muchos más", ha añadido, para insistir que el curso arrancará "con cierta normalidad" en relación a la situación sanitaria, pero "no con los recursos" que permitan mantener esas mejoras alcanzadas el periodo anterior.
Desde la Confederación Galega de ANPA (Confapa-Galicia), Rogelio Carballo ha considerado que estos cambios están "injustificados", y más ante la aparición de nuevas variantes de la covid y la alta incidencia de la 'delta'. Pero sobre todo, ha criticado que, a diferencia del resto de ámbitos, en Educación "se relajen todos los estándares".
El representante de Confapa tiene claro que el objetivo de estas medidas es reducir efectivos, puesto que reciben "comunicaciones por parte de muchas ANPAs" de que se están quitando profesores "del curso 2019", ya no de aquellos refuerzos contratados el pasado periodo para realizar los desdobles por la covid.
"Es una cuestión meramente economicista para que las comunidades autónomas no gasten el dinero del año pasado. Están jugando con una cuestión tan crítica como la sanidad y, por otra parte, con la calidad educativa después de tener resultados muy buenos, algunos de los mejores", ha señalado.
Es por ello que Carballo lamenta que los nuevos criterios que regirán en las aulas de secundaria "abran la puerta" a deshacer todo este trabajo, que para Confapa supondría "una pérdida irreparable".
El sindicato CIG-Ensino y la Confederación Anpas Galegas se manifestaron esta misma semana para reclamar los recursos necesarios para atender al alumnado y protestar contra la intención de la Xunta de reducir efectivos.
Fernando Lacaci, de Anpas Galegas, se refirió durante la protesta al paso a los 1,2 metros para organizar los puestos dentro del aula, lo que se contradice con los 1,5 que todavía se consideran imprescindible para la distancia interpersonal y los dos metros para establecer y determinar los contactos cercanos a un positivo.
Todo ello se mantiene menos dentro de las propias clases, añadió, porque "en las aulas cuesta dinero", lo que en su opinión convierte a los alumnos en sujetos "de un despropósito" que se plantea únicamente con criterios economicistas.
Asimismo, advertía de la necesidad de atender tanto la situación de carestía emocional del alumnado por las consecuencias del aislamiento y la pandemia, como el posible déficit académico y de competencias. "Y la respuesta es menos docentes, más alumnado en aulas, más dificultades, más problemas, más limitaciones...", zanjaba.
La Consellería de Educación justificó el cambio de criterios en el acuerdo adoptado entre el Ministerio de Pilar Alegría y los responsables del ramo de todas las comunidades autónomas en la última conferencia sectorial, en relación a las medidas y criterios que regirán durante este curso.
Sin embargo, los sindicatos de profesorado matizaron que, si bien este acuerdo existe, la distancia de 1,2 en el aula no es de obligado cumplimiento y se podrían mantener los grupos con el criterio del curso anterior, es decir, la separación de 1,5.
La CIG advirtió de que se trata de un documento de máximos y no de una imposición a las comunidades y criticó que se tome una decisión de este calibre "en un momento como este", en el que los expertos recomiendan "no relajar las medidas de protección".
"Creemos que se está cometiendo un error por una cuestión económica, que pesa sobre el interés sanitario y pedagógico", señaló Suso Bermello, de CIG-Ensino.
Es por ello que lamentó que "se tire por la borda" el "cambio tan enorme de calidad" que supuso la reducción de alumnos por aula durante el curso pasado.
"Nos preocupa que estamos hablando de una variante mucho más contagiosa y nadie entiende que se relajen las medidas y se pase a 1,2 metros", trasladó por su parte Julio Díaz, de ANPE, quien consideró que la Consellería "debería haber dado un paso adelante" y reforzar profesorado sin esperar a la reunión con el Ministerio que se saldó con el acuerdo.
Díaz cree que la normalidad del curso está garantizada por la experiencia del año pasado, pero que todavía quedan aspectos que mejorar. Entre ellos, la dotación de efectivos y la necesidad de un protocolo de ventilación que permita su adaptación a las características de cada centro, sobre todo después del invierno "inhumano" que vivieron alumnos y profesores.
Luz López, de CC.OO. Galicia, consideró que se tienen que mantener las contrataciones tanto de docentes como de efectivos del propio centro, sobre todo de personal de limpieza o de comedor. "Ante la emergencia sanitaria estuvieron dispuestos a hacer sobreesfuerzo y no se puede cambiar sus condiciones perpetuamente simplemente por no querer contratar más personal", consideró.
López apeló a su vez a los resultados del curso pasado como el principal argumento para defender las contrataciones. "Los desdobles no solo evitaron contagios sino que ese menor ratio contribuyó a un mejor rendimiento académico y eso creo que es para tenerlo en cuenta", insistió.
"No es lo mismo atender a 18 chavales en un aula que a 30", constató Felipe Balboa, de UGT, para insistir en que este rendimiento del alumnado se logró a pesar "de la explosión de la pandemia", con importante aumento de aprobados tanto en selectividad como en 2º de bachillerato.
"Luego hablamos de que tenemos que transformar la sociedad, de una revolución económica, educativa y profesional... y sin embargo hacemos lo mismo que hacíamos el siglo pasado: cuadrar números y suprimir unidades", censuró.
