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viernes | 19 abril | 2024
Hasta 1.178 empleos directos, indirectos y derivados, podrían perderse en As Pontes tras el cierre definitivo de la central de Endesa, a los que habría que sumar otros 299 en el área de influencia de la villa. Esta es una de las conclusiones alcanzadas por los economistas Antonio Javier Prado, Fernando González, Manuel Escourido y Federico Martín, de los departamentos de Negocio y Economía de la Universidade da Coruña en un estudio financiado por el Ministerio de Transición Ecológica y el Concello de As Pontes, publicado este mes en la revista científica Sustainability, del grupo MDPI.
El trabajo, titulado “Impacto inicial y compensación socioeconómica por el cierre de una central térmica de carbón en una entidad local” –incluido en el número especial sobre sustenibilidad en poblaciones en un futuro pos-carbono–, tiene como objetivo tanto “especificar y contextualizar los efectos en los que se puede dividir el impacto inicial del cierre”, como “obtener un indicador de la compensación mínima” necesaria para paliar dichos efectos.
Así, el documento se basa por un lado en el balance de 2018 –el último disponible– del Instituto Galego de Estadística (IGE) en áreas como producción, sectores de actividad y valor añadido bruto en el municipio de As Pontes; en datos aportados por la propia Endesa de empleo y de la instalación como tal –correspondiente a enero de 2019–; y por último en datos de una encuesta realizada por los propios autores en la localidad entre los principales grupos afectados –trabajadores de las industrias auxiliares, transportistas, sindicatos, profesionales del sector servicios, asociaciones patronales, etcétera–. Del mismo modo, la metodología elegida fue la matriz de contabilidad social, dado que, como los autores aseveran, “es una extensión más flexible de las matrices de entrada y salida, lo que la hace apropiada para analizar el impacto socioeconómico de las diferentes políticas económicas en un entorno específico”.
El estudio, que analiza el impacto en caso de no aplicarse políticas que mitiguen los efectos negativos, centra sus conclusiones tanto en el empleo como en las pérdidas que sufrirían las arcas municipales. En caso de no poner en funcionamiento un plan de choque –el estudio señala que abordan previsiones en base a los datos de 2019 sin ningún mecanismo gubernamental activo–, se perderían 1.178 puestos de trabajo –de los cuales 108 serían directos, 327 indirectos y 743 derivados–, además de los mencionados 299 en el área de influencia. En términos estadísticos, el número de habitantes con empleo caería un 43,6% –se pasaría de 2.704 a 1.526–, subiendo el índice de paro un 284,5% –de 414 a 1.592– y afectando a un 25,2% de la población activa.
En cuanto a los fondos municipales, los autores estiman en 3,8 millones de euros las pérdidas directas derivadas del cierre, un 43% del total anual registrado antes del mismo. De mismo modo también se perdería un45,5% del valor añadido bruto –unos 66,7 millones de euros–; un 46,6% de los ingresos en negocio y propiedad –33,1 millones–; un 49,2% de la producción –144,3 millones–; y un 52,6% del consumo intermedio –77,5 millones de euros–.
Por último, el estudio también hace referencia a los planes de la compañía para el desmantelamiento y adaptación de las instalaciones para energías renovables, concluyendo que, si bien supondrá la creación de empleo, será “un efecto temporal e insostenible”.
