El presidente del Gobierno nos ha dado una alegría a quienes estamos matriculados en el beneficio de la duda respecto a la utilidad de los indultos como una forma de desinflamación. En la sesión parlamentaria de este miércoles, dedicada entre otras cosas a explicar la medida de gracia, Pedro Sánchez estuvo contundente: “No habrá referéndum de autodeterminación. El PSOE jamás lo aceptará”.

Bienvenida esa contundencia. Nos rearma frente a temerarias especulaciones sobre un “cambio de régimen” (Pablo Casado, líder del PP) en la hoja de ruta de Sánchez. Falta nos hace después de haber constatado el empecinamiento del presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, cuya cita en Moncloa fue un más de lo mismo.

El “president” no dio señales sobre el fin del desencuentro. Por el contrario, insistió en reivindicaciones incompatibles con el orden constitucional, como el mencionado referéndum, así como una amnistía para los condenados en relación con el intento golpista de 2017.

Ese persistente e incluso redoblado desafío del independentismo polariza a los catalanes. Pero también abre una brecha en la política nacional que deja en bandos opuestos al partido que gobierna y al que puede gobernar.

A un lado, el PSOE y sus aliados del nacionalismo periférico. Al otro, el PP con sus escoltas de Ciudadanos y Vox, cuyo último giro argumental consiste en negar credibilidad a Sánchez cuando se compromete a rechazar decisiones fuera del marco de la legalidad vigente.

Mala noticia es que el compromiso del presidente no sirva para rebajar la agresividad de los tres partidos a la derecha del PSOE, que este miércoles añadieron a su discurso la necesidad de tumbar la legislatura con una moción de censura o una convocatoria electoral. El líder del PP, Pablo Casado, incluso llegó a anunciar que los indultos serán el “finiquito” de Sánchez.

El bloque de oposición, al alza en las encuestas, pierde la oportunidad de alinearse con el Gobierno en un asunto de Estado. Al menos en la firmeza frente a pretensiones incompatibles con la Constitución, lo cual no impide el derecho a la crítica en el ejercicio de la legítima oposición. Es cierto que Sánchez rectificó en su compromiso de que los condenados del “procés” cumplirían las penas en su totalidad. Pero el cambio de opinión en una cuestión estratégica política no puede compararse con el incumplimiento puro y duro de la Carta Magna.

Sánchez ha sido claro: si los independentistas quieren autodeterminación tendrán que convencer a 210 diputados del Congreso y luego someterse a la ratificación del conjunto de los españoles ¿Serán capaces de seducirlos en la causa de la reforma constitucional? Están en su derecho de intentarlo, por supuesto.