Restricciones, poder judicial, ejecutivo y legislativo (II)

El Estado policía, como bien sabemos, se montó sobre la base de habilitaciones indeterminadas, genéricas, para invadir la esfera de las libertades de las personas por razones de un interés general que discurre por las sendas de esa abstracción tan grata a los regímenes autoritarios. Tales prácticas quedaron sepultadas tras el triunfo del Estado de Derecho y la democracia. Sin embargo, el Estado policía reaparece y resucita, como testimonia la historia y acredita este tiempo de excepcionalidad, en ambientes de control y dominación social en los que las restricciones, las limitaciones a las libertades vienen de medidas de corte gubernamental y administrativo.

Sabemos que hoy el Parlamento está amordazado, secuestrado y que ha perdido el protagonismo que le corresponde, precisamente cuando el Poder ejecutivo más controles políticos debería necesitar a causa de la atribución al Gobierno y a la Administración de más extensas e intensas potestades públicas que en situaciones ordinarias.

La sede de la soberanía popular debe ser, justamente durante la emergencia sanitaria, el reino de la razón, del diálogo y de la búsqueda de acuerdos que hagan posible la adopción de medidas que de verdad se dirijan, única y exclusivamente, a la mejora de las condiciones de vida de las personas, sobre todo a la protección del derecho a la salud.

Por eso, porque estamos en un régimen parlamentario, que importante es que el Poder legislativo ocupe el lugar que por derecho propio y por mandato constitucional le corresponde y que en su seno se teja el ambiente de entendimiento imprescindible para que el principio de legalidad sea el marco jurídico para las restricciones de los derechos fundamentales en tiempos de pandemia, tal y como demanda un Estado democrático como el nuestro.

Realmente, ¿es tanto pedir que se cumpla la Constitución y el resto del Ordenamiento jurídico?. ¿Por qué es tan difícil que las restricciones a las libertades, cuando sean necesarias, se hagan en el Parlamento?. ¿Por qué ahora se pretende endosar al Tribunal Supremo una tarea propia del Poder Ejecutivo?. 

Sencillamente, porque el ansia y la obsesión por el control social ciega hasta el punto de olvidar nada menos que los fundamentos y las bases del Estado de Derecho. Esperemos que pronto pase esta oscura época de nuestra historia y volvamos a la senda del Estado de Derecho. Al respeto a la Constitución y al resto del Ordenamiento jurídico.