Por un voto se ha aprobado la ley con la que nos confirman que, oh inocentes de nosotros, la libertad para elegir el tipo de colegio al que enviar a nuestros hijos no formaba parte del derecho a la educación. Ni de los privilegios como padres. El ataque a la escuela concertada ya es frontal y público. Basado en los mismos prejuicios –y las mismas mentiras– que repiten quinceañeros que van de transgresores y treintañeros que se creen luchadores contra ni siquiera saben qué sistema. Y mientras, quién sabe por qué, nadie es capaz de explicar que la pluralidad de oferta educativa impulsa la calidad, y no al contrario; que la concertada no es una carga –la pública es mucho más costosa para la Administración–; y que, pese a la errada creencia popular, los gobiernos locales y autonómicos la excluyen de sus recursos y actividades, en lo que al final parece un castigo para niños a los que tratan como si fueran ciudadanos de segunda. Es difícil de entender que el Gobierno de la integración y el respeto tenga tanto afán de control. FOTO: celaá aplaude en el congreso la aprobación de su ley | efe