La firma San Martín, investigada también en la operación “Torre”

foto de archivo de la retirada de documentación del concello d.a.
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La supuesta trama de contrataciones de obras a dedo por parte del Concello de Ferrol durante el anterior gobierno socialista que está siendo investigada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional y el Juzgado de Instrucción número 3 se amplía cada vez más. Si ayer anunciábamos la ampliación de las imputaciones al exedil de Urbanismo, Ángel Mato, y al actual interventor municipal, hoy cobra relevancia el hecho de que también se está investigando a la firma San Martín, ya desaparecida y con sede en As Pontes, a la que el Concello contrató en 2010 la conservación de los viales del municipio por un período de dos años, por un montante global de dos millones de euros.

Los contratos con el grupo pontés son los que, al parecer, salpican a Ángel Mato.

Precisamente son estas contrataciones las que, al parecer, salpican al entonces concejal de Urbanismo, Ángel Mato, que el próximo viernes está citado a declarar ante el juez Morán Llordén –instructor de las diligencias– en calidad de imputado por supuestos delitos de falsedad, tráfico de influencias y prevaricación.

Se trata de los mismos delitos que se atribuyen a los restantes imputados, que son el que también era concejal de Obras en la etapa de gobierno socialista, Gerardo López Castrillón; los aparejadores municipales Mar Piñeiro y David Couselo; el anterior interventor municipal, Manuel Vázquez, y el actual, Vicente Calvo; la gerente de Albanese, Dolores Fernández Rico; y, ahora, también el titular de San Martín.

Como ya se informó ayer, los dos aparejadores ya comparecieron ante los miembros de la UDEF y también ante el magistrado Alejandro Morán Llordén, si bien en ambos casos se acogieron al derecho a no declarar, por consejo de su abogado, el letrado coruñés Antonio Amado, por no disponer de copias de los ocho tomos que conforman las diligencias.

Facturas pendientes

Por su parte, la gerente de Albanese, Dolores Fernández Rico, sí prestó declaración el martes ante la Policía y, según manifestó a este diario su abogado, Ulises Bértolo, lo hizo por espacio de más de cuatro horas. Al parecer, ofreció una información detallada y documentada de todos los trabajos realizados para el Concello de Ferrol, en la que se justificaban todas y cada una de las facturas emitidas y la ejecución de las correspondientes obras.

El letrado Ulises Bértolo explicó, asimismo, que su defendida incluso había demostrado que muchas de esas facturas les fueron abonadas a través del plan de proveedores y que todavía queda pendiente de cobro una \“cantidad relevante\”, que se corresponde con alrededor de otras cuarenta facturas.

La gerente de Albanese declaró también ayer ante el juez instructor, ratificándose en todo lo expresado el día anterior en la Comisaría y respondiendo a las preguntas del juez.

Interventor

El anterior interventor del Concello, Manuel Vázquez, que también está representado en este procedimiento por el abogado Ulises Bértolo, prestó declaración ayer ante la UDEF por espacio de dos horas y media, y está citado para hoy ante el juez, si bien su letrado tenía previsto solicitar un aplazamiento, debido a una comparecencia programada con anterioridad en el marco de la Operación \“Pokemon\” que se instruye en Lugo, en la que él también está interviniendo.

En su declaración en la Policía, el exinterventor de Ferrol expuso profusamente y aportó un dossier sobre la organización administrativa del Concello, al objeto de dejar claro qué responsabilidad tiene cada cual. Así, y según informó su abogado, en el tema de los contratos el interventor solo tiene el cometido de fiscalización y no interviene para nada en la contratación. Al parecer, en su intención de colaborar con la investigación, también puso de manifiesto la existencia de \“errores importantes\” en varios informes municipales.

Entre hoy y mañana está previsto que sean interrogados los restantes imputados, si bien, en el caso del titular del grupo San Martín se plantean problemas para su localización.

La firma San Martín, investigada también en la operación “Torre”