Gualda deja la presidencia de Navantia tan solo seis meses después de su nombramiento

Belén Gualda González, actual presidenta de Navantia desde el pasado mes de octubre, dejará su puesto en los próximos días para dirigir la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). El nuevo nombramiento de Gualda, tan solo seis meses después de suceder a Susana de Sarriá al frente del grupo naval público, fue anunciado el pasado martes tras ser aprobado por el Consejo de Ministros.

La inesperada noticia no ha resultado del agrado de la plantilla de los astilleros, cuya representación sindical se había reunido con la directiva por primera vez tan solo una semana antes. La CIG, por su parte, criticó duramente el nombramiento, dada la delicada situación de las factorías de la ría y las muchas incógnitas que todavía se mantienen sobre los proyectos de futuro o la aplicación del Plan Estratégico tras un nuevo cambio de presidencia.

Puesto vacante

A pesar del revuelo causado por el nombramiento –y el potencial impacto que tendrá en la Dirección de las factorías la designación de un nuevo presidente–, lo cierto es que el perfil de Gualda responde a los requerimientos de un puesto vacante desde 2019. Licenciada en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos con una media sobresaliente, esta profesional ha desarrollado buena parte de su carrera al frente de empresas públicas, como la Agencia de Obra Pública de Andalucía, o la Dirección General de Infraestructuras y Explotación de la antigua Agencia Andaluza del Agua.

La presidencia de la SEPI, por otro lado, ha estado ocupada de forma interina desde 2019 por el vicepresidente de la entidad, Bartolomé Lora, desde que su antiguo presidente, Vicente Fernández, presentase su dimisión a raíz de su imputación en el caso Aznalcóllar –se le acusa, junto a dos empresarios y otros seis funcionarios de la Junta de Andalucía, de prevaricación, habiendo sido rechazado el mes pasado su recurso por la juez que instruye el caso–.

Nombramiento político

Ante esta situación, el sindicato CIG calificó el nombramiento de “político”, criticando que Navantia sea usada como “empresa de recolocación de cargos para ocupación dos afíns á ministra ou ministro da quenda”.

En este sentido, la central nacionalista plantea que la decisión puede dañar la credibilidad de la empresa ante potenciales clientes, aseverando que el Gobierno central “non se toma en serio” el grupo naval público. De hecho, la CIG plantea la incógnita de qué va a pasar con aquellos proyectos a los que Gualda iba a dar continuidad o los que había puesto sobre la mesa, como el futuro de la fábrica de turbinas. Del mismo modo, también critica que se ponga al frente de la SEPI a quien se “negaba á construcción das novas instalacións co dique”.