No se sabe muy bien si la cúpula dirigente del secesionismo catalán cometió o no un delito de rebelión, pero lo que sí se sabe es que se rebeló y que emplazó y excitó a la ciudadanía a rebelarse. La propuesta del PSOE de actualizar el delito de rebelión, a fin de armonizarlo con el hecho real de la rebeldía, particularmente cuando quienes la ejecutan son cargos públicos que, mediante la traición o la Declaración Unilateral de Independencia, usan las instituciones y los recursos del común para sus fines sectarios, no sólo parece muy puesta en razón, sino que suscita la perplejidad ante el hecho de que no se le hubiera ocurrido a nadie antes.
La negativa de la Justicia belga a entregar a España a los consejeros huidos de la Justicia española por los defectos hallados en la “euroorden” de detención, tiene mucho que ver, aunque no se especifican demasiado los dichos defectos, con la anacrónica calificación jurídica del delito de rebelión, pensado para asonadas y golpes militares, que es lo que habíamos tenido tradicionalmente.
Es verdad que siendo las leyes como un calcetín, que se pueden poner al derecho o al revés según el arbitrario designio de rebeldes triunfantes, cual ocurrió con los sublevados del 36 que se hincharon a fusilar a los leales tras adjudicarles el delito de rebelión, o de adhesión o de auxilio a la rebelión, es verdad, digo, que una redacción actualizada del dicho delito, pensando ésta vez en golpes como el intentado desde la Generalitat, no solucionaría por sí sola, ni mucho menos, la cuestión catalana, pero sí contribuiría poderosamente a llamar jurídicamente a las cosas por su nombre real, y, de paso, a no hacer el ridículo cuando se pida la extradición de ese tipo de delincuentes.
Ahora bien; puestos a llamar a las cosas por su nombre, o, parafraseando a Adolfo Suárez, a que en el Código sea real lo que en la calle es real, con la actualización jurídica de la rebelión no se habrá hecho más que empezar. Sin ir más lejos, convendría llamar a nuestra democracia por su nombre: débil. Débil porque cualquier gobierno reaccionario la somete a una severa regresión, porque no garantiza la igualdad y porque no acierta a defenderse con firmeza e inteligencia de quienes, como los de la facción secesionista, la quieren quebrar.