La judicatura se ve envuelta en una agria polémica popular por una sentencia que no acaba de gustar al pueblo por los dislates que, al parecer, se han cometido en su forma. Acarrea un malestar general y sobre todo una alarma social importante, de lo que debería ser plenamente consciente la judicatura. No es el primer caso, aunque quizás haya sido el que hizo rebosar el agua acumulada en el vaso y causó tanta incomodidad en las gentes, en general, y sobre todo en las mujeres, en particular. El respeto a la víctima es primordial siempre, pero en muchos aspectos el presentar las conclusiones con un adorno legalista y confuso es lo que hace que la gente no entienda el verdadero sentido de la sentencia.
Desde hace muchos años, aunque ahora lo reconozcan jueces y fiscales, en España no se viene aplicando la ley tal como la ideó en el espíritu el legislador, para que se cumpliera y se hiciese cumplir, sino que se interpreta y en este caso se pueden llegar a muchas conclusiones. Aquel legislador no habló de su interpretación, por eso no se dice que se interpreten y se hagan interpretar. Como es lógico, la interpretación depende del estado de ánimo del que tiene que llevar a cabo dicho trabajo y si está más o menos inspirado. Por mucho que se legisle, si se sigue interpretando las leyes de poco servirán. Por ejemplo, si se pone en manos de dos jueces distintos y distantes un mismo caso, habrá dos sentencias opuestas; es lo que tiene la interpretación.
Los jueces y fiscales clamaban contra el ya exministro de Justicia y pedían su dimisión por injerencias. No creo que fuese para tanto, porque si el ministro públicamente no debió dar tanto revuelo, el manifiesto de jueces y fiscales no se quedó atrás; en este caso tampoco tenían razón de quejarse como corporativismo gremial. Tenían que buscar su propio problema y atajarlo en su directriz interna. Al airear las diferencias lo que se hace es politizar una sentencia que no debió salir quizás en los términos que lo hizo; debería haber sido algo más enérgica y que no soliviantara los ánimos de la gente de la calle, en especial a las mujeres que son las más afectadas y que se sienten dolidas por ciertas conclusiones que se deberían medir y sino se está. A la altura de la responsabilidad para la que fue señalado, lo primero que debe hacer por moralidad y conciencia social, dimitir del puesto si el cargo le sobrepasa a su análisis final.
El caso puede recurrirse a instancias superiores y es de suponer que esta alarma social se vea mermada con la decisión que tomen dichas instancias, pero el daño causado al sentimiento de la sociedad es enorme y la credibilidad de la judicatura está en juego. Los jueces no hacen las leyes, pero deben cumplirlas según el espíritu del legislador, por eso cuando se aprueban se dice: que se cumplan y se hagan cumplir en todo. No interpretarlas, salvo que haya un órgano colegiado que ampare su interpretación. El pueblo ha interpretado que esta sentencia no le gusta y los jueces por ello no se deben sentir enfadados, sino que deben aprender de sus propios errores.