El informe del Defensor del Pueblo

|

El Defensor del Pueblo ha presentado el informe anual 2.017 ante las Cortes Generales y como cuestión fundamental resalta que las consecuencias de la crisis para España ha sido la injusta y desigual distribución de la renta que ha provocado un fuerte empobrecimiento que dio origen a una amplia y profunda desigualdad. El Defensor del Pueblo reconoce que la crisis ha dado origen a un pozo de desigualdad sin procedentes: “hizo que las clases medidas se sintieran amenazadas y que podía llevarlas hacia la pobreza, y a los pobres de toda la vida les desplazó directamente hacia las zonas de exclusión”.
El Defensor del Pueblo realiza una serie de recomendaciones a los responsables públicos alegando que “es un error suponer que cuando se sale de la crisis se reduce por sí sola la desigualdad. Esta lacra solo podrá corregirse si se lleva a cabo una política activa y decidida de redistribución de la renta”. A la oficina del Defensor del Pueblo “le preocupa que se pretenda mantener las políticas de austeridad, que se han demostrado que conllevan la caída de las rentas más bajas y el aumento de la pobreza más severa”
Por otra parte también se reconoce, en el informe anual, que “la crisis ha supuesto una caída en la prestación de los servicios públicos y que el mercado de trabajo tiene características que potencian la desigualdad”. 
 En relación a la pensiones, el Defensor del Pueblo, es contundente al señalar que “el mecanismo de revalorización apunta a un empobrecimiento de todos los pensionistas, que podría suscitar dudas con la previsión constitucional que garantiza pensiones suficientes, adecuadas y periódicamente actualizadas”. No hay que olvidarse que el 60% de las mismas no superan los 800 euros mensuales. 
En materia de vivienda coincide con las reivindicaciones de muchas plataformas ciudadanas en relación a “la necesidad de reforzar la oferta de viviendas sociales de alquiler, edificadas en suelo público o bien la realización de convenios con bancos y la Sareb para disponer de viviendas usadas así como el establecimiento de convenios con promotores privadas, reservando para el alquiler social una proporción de la promoción”. 

El informe del Defensor del Pueblo