Abuso de autoridad

El abuso de autoridad, también conocido como abuso de poder o abuso de las funciones públicas, es una práctica de intercambio en la que se ejecuta una conducta basada en una relación de poder, jerarquizada y desigual. En otras palabras, es una situación donde la autoridad o individuo que la representa tiene poder sobre otros debido a su posición social, conocimiento o riqueza.
En el derecho administrativo, el abuso es reconocido en figuras que ostentan poder en la sociedad, es decir que forman parte del poder público o la jurisdicción del Estado en sus distintas formas.  
En consecuencia, el poder con el que se  obsequia a los políticos de nuestro país fue otorgado con el fin de ser utilizado para mejorar el lugar en el que gobiernan.
Por ello, quien tenga el poder debe identificar cual es el interés común de los ciudadanos, trabajar por su pueblo y realizar obras que ayuden a muchos y que no afecten a nadie.
Sin embargo, esto no ha sido bien entendido por algunos, cuyas maniobras abusivas resultan tan flagrantes que lejos de solucionar problemas los crean, convirtiéndose en actores de vodevil ante escándalos no entendibles.
Y esto es lo que esta sucediendo precisamente con un regidor local, el del Concello de Pontedeume, que, en aras de la autoridad que representa, ha cerrado el mercado municipal y ha dejado sin trabajo a mas de veinte familias. Efectivamente,  de la noche a la mañana, en un plazo de diez días naturales,  les conmina a abandonar sus negocios y a que se trasladen a unas dependencias que ha definido como provisionales,  pero que por su inutilidad práctica ni siquiera alcanzan esa denominación.
La presión social ha sido intensa y también la demanda de una justicia que por lo lenta, casi deja de serlo. Aunque, eso si, de momento la autoridad judicial  ha puesto freno a esa actitud chulesca, prepotente y arbitraria. Una actuación, la  de esa Administración Local ajena a la realidad,  que de forma falaz, a través de su cabeza visible miente conscientemente.
No es de recibo que se coloque a unos trabajadores en tal situación de desamparo. No es de recibo que se hayan gastado más de 400.000 euros en unas instalaciones que incumplen diversas normativas: accesibilidad, espacios y alturas.  Y lo más importante: la imposibilidad del desempeño del trabajo.  Habrá que depurar responsabilidades, no solo administrativas sino también las penales de aquellos que, de manera consciente, han incumplido lo preceptuado en las leyes,  sin  justificación, dictando  resoluciones injustas a sabiendas.
Pues si, bajo el pretexto de la concesión de una subvención y los diversos recordatorios de sanidad que es remontan a mas de tres años,  se acuerda el cierre de un mercado con  absoluta vulneración de las normas de procedimiento,  que exigían unos tramites previos de alegaciones, prueba y resolución. Todo en una huida hacia delante. Todo,  antes que bajarse de la burra y reconocer una  obviedad.
De momento, la batalla legal esta iniciada y en las primeras resoluciones dictadas, afortunadamente, se le recuerda a la Administración Local que el interés en conflicto debe inclinarse a favor del colectivo de usuarios y de los propios placeros, debiendo, pues, esa Administración Local ejecutar las obras que permitan la reapertura del mercado en el menor plazo posible.
Además, sigue diciendo el juzgador, este cierre temporal tiene que neutralizarse con la adopción de medidas urgentes y transitorias que permitan el funcionamiento de ese servicio público obligatorio.
¡Pues eso, señor Alcalde! Acate las normas  y adopte de forma urgente aquellas  medidas que sean precisas para que sus placeros puedan trabajar y pueda ofrecer a su pueblo un servicio público obligatorio. Y recuerde que quien utiliza y ejercita el abuso de la autoridad en un claro ejercicio antisocial del mismo,  debe, sin lugar a dudas,  dedicarse a actividades que no entrañen riesgo para los demás. ¡Sobran comentarios!
Emma González es abogada