LOS VEINTE AÑOS

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A pesar del encabezamiento de este artículo; hoy no les voy a hablar de la divina juventud ni voy a cantar el “Forever Young” del grupo Alphaville. En absoluto; mi comentario de esta semana trata sobre una cuestión jurídica que tiene unas consecuencias económicas y sociales de primer orden. Recuerdo mi comienzo como abogado en 1994. Mucho se hablaba en círculos jurídicos sobre la inminente entrada en vigor de la nueva Ley de Arrendamientos Urbanos, la cual prometía ser revolucionaria en muchos sentidos pues pretendía evitar los abusos que los inquilinos de renta antigua venían causándoles a los propietarios como consecuencia de la vigencia de la Ley franquista de arrendamientos urbanos de 1964, la cual era excesivamente protectora de los derechos de los inquilinos frente a los propietarios. Y así fue; el Gobierno socialista de Felipe González dictó y aprobó la Ley 29/1994 de 24 de noviembre, que entre otras cuestiones limitó las prorrogas a los inquilinos; autorizó unas fórmulas de subidas escalonadas de rentas a los mismos; prohibió y limitó a una las posibilidades de enervación de la acción de desahucio etc. Paradojas de la vida, una Ley formalmente socialista se situó más cerca de los propietarios especulativos y vino a derogar a una normativa anterior franquista que defendía (exageradamente en mi opinión) a los clases más populares; precisamente las que no podían acceder a una vivienda en propiedad. Viene esto a cuento, porque  la referida Ley socialista, prevé en su D. T. 3ª que los contratos de alquiler de los locales de negocio cuyo inquilino sea una persona jurídica se extinguirán en el plazo de 20 años a contar desde la entrada en vigor de la Ley. Ello significa que el 1 de enero de 2015, a los inquilinos de pequeños negocios sólo le caben dos opciones: o cerrar el negocio o aceptar una nueva renta de mercado que posiblemente hará tambalear el equilibrio de estas pequeñas empresas. Cabe una tercera opción, cual es trasladar el negocio a otras zonas más baratas de las ciudades, normalmente a barrios periféricos. En Ferrol notaremos estos efectos legales en el castigado barrio de La Magdalena; pero esta vez, queridos amigos, la culpa no será del alcalde, pues la causa viene de 20 años atrás. ¿Qué dirán las izquierdas al respecto? Pues dirán que “a culpa é do PP”.

 

LOS VEINTE AÑOS