AHORA, LA JUSTICIA

En medio del barullo causado por el drama de los desahucios y por la huelga se coló la ley de tasas que implanta nuevas tarifas en la Administración de Justicia a los particulares –hasta ahora solo afectaba a personas jurídicas– y en todas las jurisdicciones menos en la penal.

De nada sirvieron la opinión del Consejo General del Poder Judicial y de asociaciones del mundo del derecho o las protestas de la abogacía –en Galicia hubo manifestaciones en todas las ciudades– para frenar esta nueva reforma cuyas tarifas limitan los derechos ciudadanos en un bien tan básico y sensible como la justicia.

Dice el ministro que la imposición de tasas tan elevadas se hace para disuadir a los ciudadanos de acudir alegremente a los tribunales a fin de no colapsar los juzgados. Vamos a concederle el beneficio de la buena intención. Pero lo que consigue esta ley es poner obstáculos “en forma de euros” que dejan a muchos ciudadanos sin la tutela judicial efectiva y en situación real de indefensión al no poder acudir o recurrir ante los tribunales por razones económicas.

Van a tener razón los sindicatos que en la huelga de marzo exhibieron un cartel con el lema “quieren acabar con todo”. Primero fueron la sanidad, la educación, la dependencia, la subida de impuestos y la congelación de salarios y ahora aprueban esta ley de tasas que impone unos aranceles abusivos en virtud de los cuales solo los ricos podrán acudir a la justicia. Los pobres y la gente de nivel medio quedarán desprotegidos e imposibilitados por carecer de recursos económicos para pedir justicia por un despido, por una multa de tráfico, una discrepancia con la compañía de seguros o un abuso del banco, de la compañía eléctrica o de la administración.

Esta ley, dicen los expertos que de dudosa constitucionalidad, abre una brecha social y representa un nuevo capítulo en la escalada de reformas abusivas del Gobierno en el proceso de devaluación de la prestación de servicios que ahora toca de lleno a la Administración de Justicia, uno de los pilares fundamentales del Estado y del sistema democrático que amparaba al ciudadano ante cualquier abuso.

Para reducir la litigiosidad había otras medidas alternativas a esta ley de tasas que ojalá no acabe siendo una incitación a que los más desfavorecidos empiecen a tomar la justicia por su mano. En esta reforma, como en muchas otras, el Gobierno debería escuchar más y legislar pensando más en la gente de la calle.