Todos roban

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El caso Pujol dio mucho que hablar estos días. Los hechos se remontan a la época de la transición, cuando se depositó demasiada buena fe y confianza ciega en quienes representaban o iban a representar nuestras instituciones. No se fijaron controles que impidieran que determinadas personas sin escrúpulos se arrogaran de “autoritas” para apropiarse de lo ajeno. Se creó un clima de normalidad en el trinque.   A lo largo y ancho del país, proliferaban empresas que sabían de antemano que si querían ser adjudicatarias de una obra pública, ya fuese autonómica, local o central, debían apoquinar la mordida al de turno correspondiente. Y esta práctica se había normalizado de tal manera que cuando un cargo político o un técnico influyente rechazaban el pago de  una comisión le hacían la ola.  Esto es lo que estaba a pasar en nuestro país. La empresa tal o cual era siempre la que se llevaba el gato al agua. Se adjudicaba una obra que luego se subcontrataba, ganando tanto el primero como el segundo pingües beneficios, mientras el último, el que la realizaba, debía ajustarse al máximo para sacar también su provecho. De ahí que las mermas en materiales y calidad solían ser importantes. Se certificaban las obras, su finalización y adecuación a proyecto sin que en la mayoría de los casos los técnicos competentes supervisaran que esto era así. Se rellenaban papeles donde quedaba plasmada la legalidad del asunto, aunque la situación real en demasiadas ocasiones difería mucho de lo escrito.
Lo triste de todo es que se sabía. Era vox populi.  Y es literalmente imposible que los sucesivos gobiernos y oposiciones, los ministros de Hacienda e inspectores de las Agencias tributarias, o los vecinos de los susodichos, incluso, no advirtieran nada.  Claro que ponerle el cascabel al gato resultaba imposible, pues unos tapaban a los otros,  y el círculo se cerraba de tal manera que impedía  cualquier obtención de pruebas.
De ahí el caso Pokemon, la Campeón, Palmarena,  Barcenas, Noos, ERES,  el caso Pallerols, el Palau, etc, etc.   Y lo más reciente: el caso Pujol. Una institución catalana, similar a Fraga en Galicia. Un rey de taifas. Un salvador de su tierra que llegó a afirmar que trabajaría sin sueldo, solo por el placer de ser presidente de su comunidad. Ahí es nada. Todo un símbolo. Un Dios. Y, en la realidad, un tipejo que amasaba fortunas en una ambición sin medida a costa de haber concedido obras a cambio de su correspondiente peaje.
Estamos en un país donde la corrupción en las altas instituciones es la tónica general. Y lo peor de todo ello es que no deja de ser sino un reflejo de una sociedad ajena al valor del sentido del deber y probidad. No solo en lo público sino también en lo privado. Aquí quien engaña al fisco es un héroe. Quien evade capitales un rey y quien se deja sobornar es un listo. Aquí vale todo con tal de amasar riquezas y medrar a costa de lo que sea. Esta es la cultura que nos han inculcado y que quizá domine nuestra naturaleza. Y es que resulta difícil no querer ocultar ingresos cuando los encargados de velar por la rectitud y transparencia en operaciones financieras, obras y servicios, pagan en dinero B prebendas y mordidas, negando lo evidente.
La caída del “clan Pujol” posiblemente arrastre a la mayor red de corrupción política, empresarial, judicial y policial que ha padecido España. Pero los Pujol son una familia,  numerosa eso sí, pero una.  El problema está en que en el resto del Estado hay muchas más con similares actuaciones.
Lo positivo  de todo esto es que la podredumbre  sale a flote y esperemos que se fijen controles de cara al futuro. Estamos saturados de tanto detritus pero debemos ser muy conscientes de que sobre estas bases se asienta nuestra vida, nuestro presente y el futuro de todos. Sobre una masa  en descomposición que pudre las raíces de la ética. También de la social por tolerarlo. Y los que se consuelan con el “todos roban” son cómplices de esta situación que nos hunde como sociedad.
Emma Gonzalez es abogada

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