¿Separación de poderes?

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n España, la separación de poderes y la independencia judicial, son mero espejismo. Por un lado, se presume de ser una democracia plena, y por el otro, cada poder se inmiscuye en el otro, de manera flagrante. Así, el Poder Legislativo, representado por Congreso y Senado, se alía con el Judicial, para neutralizar al Ejecutivo.
Un caso claro de asedio, además de muchos otros, lo representan las maniobras  del juez García Castellón, miembro de la conservadora Asociación Profesional de La Magistratura, con el llamado Caso Dina, que instruye contra Pablo Iglesias. 
Pero, ¿quién es el juez García Castellón? Su currículum es muy interesante. En 2000, es enviado a Francia por Aznar, como Juez de Enlace. En 2012, por el Gobierno de Rajoy, con el mismo cometido, pero a Italia, salario de 120.000 euros al año, y poca faena, hasta que en 2016, fue reclamado por Ignacio González y Eduardo Zaplana, para que les amañara su situación en el caso Lezo, que instruía Eloy Velasco. De este episodio, hay grabación, donde la voz de González y Zaplana, son totalmente nítidas. Ya en julio de 2017, rebajó la fianza impuesta a Pablo González, hermano de Ignacio, de 4 millones, a 200.000, saliendo de prisión, horas más tarde. En noviembre del mismo año, abandona la prisión Ignacio González, con fianza de 400.000 euros, sólo 6 meses después de haber entrado en ella, a la que había sido enviado por Velasco en la modalidad de prisión sin fianza. En 2018, archiva la causa contra el presidente de Murcia, del PP, en dos ocasiones, al que se le pedían 2 años por fraude, cohecho y revelación de información reservada. Ahora el juez, tan magnánimo con los del PP, lanza una guerra contra el Vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, en contra de la opinión de la fiscalía de la Audiencia Nacional, que no ve indicios de delito. García Castellón, encargó un informa a una empresa del País de Gales, sobre la tarjeta del caso Dina. El informe fue que Pablo Iglesias había entregado al juez, la tarjeta Intacta. 
El lector puede sacar sus propias conclusiones sobre la independencia judicial. Creo, sinceramente, que cada uno puede tener sus ideas, pero no puede ejercer la judicatura en función de esas ideas, sino con un estricto cumplimiento de la ley, y mucho me temo, que pocos acatan esa máxima. Tarde o temprano, los favores hay que pagarlos, ya sea ayudando a delincuentes propios, o incriminando a rivales políticos. 

¿Separación de poderes?