TRES DELITOS, TRES

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Los españoles nos hemos acostumbrado a escuchar a diario términos como prevaricación, cohecho, o malversación de caudales públicos, cuando las noticias se refieren a actuaciones de un político  que utilizó los dineros de la administración en beneficio propio sin pensar en los ciudadanos que le prestaron los votos, pero no le regalaron el derecho de meter la mano en el cajón del dinero de todo el mundo.
Se trata de unas actuaciones que fueron denunciadas, con gran valentía y en sede parlamentaria, por el  fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, cuando señaló que los tres delitos son un ataque directo y demoledor a los pilares del  Estado de Derecho.
Por desgracia hoy en día no podemos concebir a un político que este imputado, procesado, o que ya fuera sentenciado, sin que en su expediente curricular de servidor público no figure  alguno de estos delitos. Las estadísticas señalan que estas infracciones crecieron más de un 17 por ciento en el entorno de la corrupción política,  que tiene en su trasfondo la financiación de los partidos políticos  y las licitaciones públicas como germen y base para esta corrupción. El número de políticos que tienen cuentas con la justicia en Galicia aumenta de día en día. Es muy difícil cuantificar cuántos son teniendo en cuenta los numerosos sumarios directos y piezas sueltas o separadas que permanecen sin cerrarse en los juzgados.
El corrupto público tiene que ser perseguido sin piedad con todo el peso de la ley, para que ocupe plaza de recluso en las cárceles españolas, sin pactos judiciales e indultos, y sepa lo que significa estar privado de libertad y sin acceso a los lujos y ostentaciones con las que suele vivir. Y para ello es necesario que se endurezca el  Código Penal; la puesta en funcionamiento de una Ley de Transparencia, y una Ley de Financiación de los Partidos Políticos. Sin estos tres pilares es muy difícil combatir este mal delictivo que esta enquistado en la sociedad española. Al mismo tiempo los partidos políticos deben forzar a los que figuran en sus listas electorales y ostenten puestos de representación pública para que dejen sus actas una vez que  se vean incursos en un proceso judicial. Y que los imputados no figuren en las listas electorales. Es necesario un gran pacto entre las fuerzas políticas, sin él es muy difícil desterrar a esta espécimen política repugnante. La lacra del corrupto, que tanto denuncian los responsables de la UE, debe ser desterrada de nuestra vida diaria. Acostumbrarnos a ellos es un mal ejemplo para las próximas generaciones.

TRES DELITOS, TRES