Violencia okupa

Esto de los okupas es una de esas anomalías que por no haber sido cortada a tiempo ha ido tomando carta de naturaleza y que ahora, con el paso del tiempo,  es difícil, cuando no imposible erradicar. Los intrusos campan por sus respetos y no son pocas las Administraciones locales y partidos de izquierda –radicales y no tanto– que les vienen todo tipo de facilidades, con barrios y espacios urbanos para ellos reservados.
En Cataluña han causado verdaderos estragos y Barcelona es ciudad de referencia, con toda una red de supuestos centros sociales y casas okupadas coordinadas entre sí que ha servido de modelo para otros  emplazamientos.  Tal vez por esa especial sensibilización, el PdeCAT –la antigua Convergencia–  presentó en su día una proposición de ley que fue aprobada hace unas semanas por la Comisión de Justicia del Congreso y que anda completando su tramitación en el Senado. 
La intención era buena. Se trataba  modificar la ley de Enjuiciamiento civil para habilitar  un procedimiento de desahucio exprés que permitiera la inmediata recuperación de la plena posesión de una vivienda siempre que los  debidos dueños se hubieran visto privados de ella sin su consentimiento.  
Aunque llena, como digo, de buenos propósitos, ha decepcionado en sectores varios al conceder  protección diferente según quién; esto es, distinguiendo entre titulares de propiedad. De no ser enmendada a su paso por la Cámara alta,  la ley antiokupa sólo protegerá a  los  particulares personas físicas y a las propias Administraciones públicas. Quedarán expresamente fuera empresas jurídicas de Derecho privado propietarias de viviendas, como Bancos y fondos de inversión. 
¿Por qué esta discriminación -se preguntan muchos- que han dado por buena PP, Ciudadanos y el PNV? No se sabe si es que no le gustaban tales compañías, pero lo cierto es que el PSOE se descolgó a última hora de un texto que había apoyado durante toda la fase previa.
Las okupaciones se han disparado en los últimos meses. Y, sobre todo, se han radicalizado, dando lugar a la aparición de auténticas mafias que okupan los pisos y que después del pago de la cantidad acordada–supongo que no modesta– por parte del propietario, ellas mismas los desalojan. Se ha instalado así en el mercado la mala costumbre de pasar por caja en lugar de acudir a la lenta Justicia. El tiempo es dinero. 
Y queda el tema de la violencia que los propios okupantes y/o quienes los apoyan despliegan con frecuencia, como ha sucedido estos días en A Coruña en respuesta al desalojo de la Comandancia de Obras, con destrozos añadidos en la sede de la Marea Atlántica, el partido o movimiento del alcalde Ferreiro. Una violencia de todo punto injustificable que no cabe cargar, como se pretende, ni sobre el Ayuntamiento, ni sobre tal o cual concejal ni sobre la Policía local o nacional. Los responsables son ellos mismos.