Con un cierto enojo ha respondido la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, a la pretensión de la Xunta de una convocatoria MIR extraordinaria (médicos internos residentes) para paliar la escasez de pediatras y médicos de familia en la comunidad. Y lo ha hecho, además, al estilo Ábalos: poniéndose de perfil, remitiendo la cuestión al Gobierno autonómico y, por supuesto, echando la culpa al PP.
Habría que recordar, no obstante, que no se trata de un problema exclusivo de Galicia. En realidad, la ministra misma presentaba hace unos días a las Administraciones sanitarias territoriales el estudio “Estimación de la oferta y demanda de médicos especialistas España 2018-2030”, en el que se ofrece una radiografía actual y futura del sector.
Dos son sus grandes conclusiones. Por una parte, que al sistema sanitario público le faltan ya, en números redondos, 4.000 médicos especialistas. Por otra -lo que agrava más el problema-, que el 20,5 por ciento de las plantillas actuales, esto es, unos 28.500 facultativos tienen sesenta años o más y que por tanto se jubilarán no tardando.
El colectivo de jubilables a corto plazo es significativamente notorio en Castilla y León (tiene uno de cuada cuatro especialistas por encima de los 60 años), seguida de Cataluña, Ceuta y Melilla y Comunidad Valenciana. Galicia anda en el pelotón medio alto, con un porcentaje del 21,7 por ciento; es decir 1,2 puntos por encima de la media nacional.
Por especialidades, Medicina de Familia se configura como una de las más envejecidas, siendo como es y deberá seguir siendo clave en un sistema cada vez más volcado en enfermos pluripatológicos, crónicos y –caso de Galicia– mayores. El 62,5 por ciento de sus profesionales tiene más de 50 años. Por si todo ello fuera poco, Medicina familiar junto con Pediatría en atención primaria presenta dificultades generalizadas de cobertura de plazas.
No se trata, pues, de un problema puntual y de corto plazo. Se trata más bien de un asunto harto complejo, de alcance nacional que va a obligar a replantear aspectos básicos del sistema, como acceso, movilidad, reespecialización e incentivos para las plazas menos atractivas. Habrá que profundizar –dicen los entendidos- en el cambio en el modelo de gestión, más centrado en los equipos. Y en este aspecto la superpalabra es “multidisciplinariedad”.
Todo ello requiere, pues, una coordinación, un abordaje ya a medio plazo y una cierta unidad de mercado –llamémoslo así– que sobrepasan las posibilidades de las comunidades autónomas, como sugiere la ministra minimizando por razones políticas el problema.
Algunas Administraciones territoriales empiezan a caer en la tentación de las contrataciones temporales de facultativos sin MIR, sobre todo para Urgencias, bajas vacacionales y otras incidencias extraordinarias. Pero no deja ser irregular y hasta temerario que en el ámbito que nos ocupa puedan darse actuaciones profesionales sin el aval de la debida oposición que suponen las pruebas MIR.