¿Recuerdan? La exministra y expresidenta de la comunidad madrileña, entre otros cargos, reconoció que vivía rodeada de una charca con tres o cuatro ranas. Era en realidad una cloaca que, ahora, revienta y, si sumamos otros casos similares, las cloacas del poder rebosan, su olor apesta y su inmundicia salpica a todo el país. Un apunte: la ciudad de la justicia, obra patrocinada por Esperanza Aguirre y bendecida, jaleada, por todo el PP, resultó un timo de ciento noventa millones. Hay pruebas: de los doce edificios previstos solo hay uno en pie. Entre los fastos una escultura de cincuenta mil euros que no está y catorce millones a Norman Foster por obras no hechas. Además los sobornos: cinco millones y medio de euros en publicidad para la prensa de la capital que se unió a la fiesta. Como todas las historias del PP han desaparecido cajones con documentación. Aquí, más modestos, el “ful” de la Ciudad de la Cultura resultó otro fiasco pero menos costoso.
Hay más: la empresa pública Defex, dedicada a la venta de armas –amén de ser advertida por autoridades europeas de tratar con países poco democráticos– es otra cueva de ladrones: el presidente y un coronel retirado se han repartido veinte millones de euros en comisiones fraudulentas según denuncia la cadena SER. Detrás de esa empresa está la SEPI, otro chiringuito de dudosa utilidad. Añadan los aeropuertos sin aviones; la venta a empresas privadas de sectores imprescindibles como la sanidad y la educación. Sumen los “agasallos” a la empresas concesionarias de las autopistas y los millones entregados a los administradores de hospitales y sanatorios…
El Tribunal de Cuentas Europeo critica duramente la participación privada en infraestructuras y servicios públicos. De forma especial se fijan en la financiación a autopistas y servicios sanitarios pues, literal, se trata de gastos ineficaces, faltos de transparencia y sobrecostes entre otras deficiencias.
Esto es, de momento, lo último, de la etapa del PP en el Gobierno, que, además de mirar para otro lado cuando alguien metía la mano, –destruyó documentos, compró opiniones– ese finiquito en diferido o la puerta giratoria, y cuando era imposible tanta cara dura alegaba aquello de “ya no están” o “no me consta”, cuando si estaban ocupando cuotas de poder cuando cometieron el latrocinio y si constaba a toda España (repasen las hemerotecas) que la charca estaba a rebosar de toda clase de bichos. Por un lado, meten la mano y, por otro, esconden los recortes que, al no cumplir lo anunciado, Europa exige. Esto revienta.