La que se avecina

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Si ya no tuvimos bastante con la encarecida Ley de Tasas que veta el acceso a los juzgados al ciudadano corriente, ahora resulta que el Sr. Gallardón, en ese empecinado alarde de protagonismo mal entendido, arremete de nuevo con su reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. El colectivo jurídico, jueces, fiscales y secretarios judiciales ya han mostrado su rechazo a la reforma presentada este viernes por el ministro,  a la que consideran, entre otras muchas cosas, “trasnochada” y “decimonónica”.
Han advertido los jueces que las instrucciones colegiadas de sumarios, que introduce, puede llegar a “bloquear” procesos y dar lugar a “contradicciones”. Al mismo tiempo la califican de “una verdadera chapuza”.
La oposición a esta nueva ley de demarcación es mucha y las críticas no solo provienen  del mundo de la judicatura, sino que cuenta también con el rechazo prácticamente unánime del resto de colectivos,  así como comunidades autónomas y municipios que ahora son sede de partidos judiciales y que desaparecerían como tales.
Efectivamente, para quien aún no lo sepa, la LOPJ supone una gran modificación de la organización de la justicia, tal y como la conocemos hoy en día. Primero,  en lo que a la estructura orgánica judicial se refiere,  al hacer desaparecer las Audiencias Provinciales al igual que los juzgados, que serán sustituidos por los Tribunales Provinciales de Instancia (TPI), que se enmarcarán dentro de cada orden jurisdiccional: Civil, Penal, Contencioso-Administrativo y Social.  En segundo lugar, esta reforma anuncia una nueva demarcación territorial basada en la provincia y a partir de la entrada en vigor los Tribunales provinciales de instancia tendrán como demarcación la provincia, en lugar del partido judicial.
No cabe duda de que este sistema de entramado judicial alejará un mas al ciudadano de la justicia. Un nuevo varapalo y una nueva limitación de un derecho fundamental.
Este organigrama, que nadie se engañe, es fruto de una intencionalidad previa. Su finalidad es el mantenimiento de las elites económicas que nunca tendrán problema en el acceso a los juzgados, mientras que el de a pie renegará de un pleito porque ya no solo le será caro, que lo es, sino que las dificultades con la desaparición de sedes judiciales serán mayores.
Está claro que si queremos agilizar la justicia no hay mejor opción a coste cero que encarecer el producto y hacerlo escaso. De esta manera se hará más difícil su uso y por lo tanto, el volumen de asuntos que tengan que resolver los jueces será mucho menor.
Así,  las causas, al ser menos, irán más rápidas. Y con ello conseguimos el objetivo: agilizar. De ahí que a esta reforma no se acompañe una memoria económica. Se hará con lo que hay, cambiando denominaciones y reutilizando las estructuras existentes, que al reducirse, no precisaran de apoyo económico alguno. Por otro lado, con la desaparición de muchas sedes se producirá una modificación sustancial de las condiciones de trabajo de los funcionarios, pues conllevara una movilidad funcional y geográfica forzosa y quedara limitada la movilidad voluntaria.
Y como este tipo de cabezas pensantes no pueden dejar cabos sueltos, la reforma permitirá, además, al Consejo General del Poder Judicial (cuyos miembros, recordemos, son nombrados políticamente) ordenar a un medio de comunicación que “perturbe o inquiete” a los jueces “el inmediato cese en dicha conducta”.
La continuación o reiteración de tal comportamiento tras recibir la orden de cese será constitutiva de delito contra la Administración de Justicia.
Por lo demás, no debemos olvidar otros complementos, como la  privatización del Registro Civil, que dejara de ser un servicio publico y será oneroso, así como otros procedimientos de la Administración de Justicia que se distribuirán entre Notarios y Registradores.
En síntesis, la reforma judicial que se avecina, será una privación  más de esos derechos que hasta la fecha creíamos  fundamentales.

Emma González es abogada

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