CUENTAS DESEQUILIBRADAS

“No se puede gastar lo que no se tiene”, era un reproche recurrente que hacía Rajoy desde la oposición al anterior presidente del Gobierno que de 2008 a 2011 incrementó la deuda en 30 puntos, pasando del 40 al 70 por cien del Producto Interior Bruto y al final del mandato dejó el déficit en el 11,2%.   
Bueno, pues en agosto el Banco de España difundía datos económicos al mes de junio y, según el supervisor, la deuda pública se situó en el segundo trimestre en 942.758 millones traspasando una frontera peligrosa al alcanzar el 92,2 por cien del PIB, lo que significa que aumentó en más de veinte puntos en el año y medio de mandato de los populares. Dicho en lenguaje coloquial, las Administraciones públicas deben una cuantía cercana a la producción total de la economía española durante un año.  Por otra parte, la semana pasada se supo que el déficit público -la diferencia entre ingresos y gastos del Estado- asciende a 54.293 millones de euros, lo que representa el 5,27 % del PIB, muy cerca del déficit previsto para todo el año.
¿Que se deduce de esta cifras? Que déficit y deuda se producen porque la economía no crece y el gasto público aumenta -no se entiende la euforia del ministro Montoro-,  pese a todos los recortes en sanidad, educación y servicios sociales; pese a las rebajas salariales de funcionarios; pese a la subida generalizada de impuestos, IVA incluido; pese a todos los sacrificios que se exigieron a los ciudadanos. El déficit no se reduce y la deuda subiendo y consumiendo ingentes cantidades de recursos -este año más del veinte por cien de los ingresos del Estado se destinarán a pagar intereses-, una hipoteca que pagamos ahora y dejaremos en herencia a las generaciones venideras.
¿Dónde está el agujero por el que se van los dineros de todos? Además de las “gastos fijos” –intereses de la deuda, paro, pensiones y otros–, tenemos una estructura del Estado, administrativa y política, que no podemos sostener. Es la reforma pendiente de unas administraciones que hay que redimensionar y con urgencia.
Pero no se hagan ilusiones. Antes de que el Gobierno ponga orden en la estructura hipertrofiada del Estado para racionalizar el gasto, aplicará nuevos recortes a los ciudadanos, a lo que queda del estado de bienestar, en ese proceso de devaluación interna -acaba de tocarle el turno a las pensiones- para contener la desviación presupuestaria. Más sacrificios que tampoco lograrán equilibrar las cuentas públicas.