Crisis y reformas

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La crisis económica está provocando muchas sorpresas. No es la menor, ni la mayor, leer en la prensa que el ministro de economía de un gobierno liberal-conservador reclame a los banqueros que eliminen los dividendos para dar crédito a las familias y a las pequeñas y medianas empresas. En el mismo sentido, el gobernador de un banco central de un gran país europeo acaba de solicitar a los bancos que  dejen de financiar a gobiernos y administraciones y que faciliten la recuperación económica facilitando créditos a las familias y a las pequeñas y medianas empresas.
Por si fuera poco, un escritor de libros de  economía de éxito afirmaba estos días en una entrevista que los culpables de lo que ha pasado son los bancos. En fin, que los banqueros tienen mucho, mucho que explicar acerca de sus actividades durante la preparación de la crisis económica y durante su desarrollo.
A día de hoy si tuviéramos una lista de las instituciones que siguen recibiendo créditos de los bancos, entenderíamos mucho de lo que pasa. Comprenderíamos mejor la resistencia a los cambios que habita en las mentes de no pocos miembros de las tecnoestructuras políticas, bancarias y mediáticas. Incluso en plena crisis nos hemos enterado, sin que haya pasado nada, que determinados dirigentes siguieron recibiendo elevados emolumentos mientras los balances de sus corporaciones caían en picado o mientras el déficit público crecía y crecía sin parar.
En el colmo de esta situación, algunos de los responsables de que estemos donde estamos, se han permitido el lujo de auto otorgarse determinadas prebendas y poltronas como si su gestión hubiera merecido un premio. En el mismo sentido, incluso directivos de bancos rescatados con fondos públicos se han atrevido a auto otorgarse sueldos millonarios mientras las pérdidas crecían y crecían.
No se trata de demonizar a nadie. Pero no puede ser, ni mucho menos, que sea España el país en el que menos se financia al sector privado. No puede ser, ni mucho menos, que a pesar de la que está cayendo, las Administraciones públicas sigan endeudándose empobreciendo exponencialmente a los ciudadanos.
No puede ser, ni mucho menos, que sigamos ocupando el vagón de cola del fracaso escolar a pesar de gastar y gastar en educación. No puede ser, de ninguna manera, que el paro juvenil sea, con mucho, el más alto de Europa. No puede ser, ni mucho menos, que tengamos las cifras de paro que tenemos.
Afortunadamente, el gobierno actual ha emprendido el camino de las reformas. Un camino no exento de obstáculos y que el ejecutivo deberá acelerar cada vez más.
Hay que suprimir muchas empresas públicas. Hay que reformar la educación en profundidad. Es necesaria una reforma de la Constitución para aprovechar la experiencia de estos años y diseñar mejor nuestro sistema de descentralización política y territorial. Hay que reordenar el mapa local. Necesitamos deslindar mejor las competencias de los entes públicos. En fin, hay mucho que hacer y hay mucho que acordar.
Para todo ello es menester contar con personas conscientes de la magnitud de la tarea que tienen entre manos, respetuosas con las posiciones ajenas,  dirigentes templados y moderados y, sobre todo, con firme convicción de que es menester una transformación de las estructuras, de los fundamentos de un edificio que se ha quedado viejo.
Las formas viejas, corporativas, unilaterales, de entender la política ya no sirven. Ahora hay que remangarse, hay que sumergirse en la realidad,  hay que hablar con las personas y tomar decisiones. No hay tiempo para contemplar la realidad desde el despacho oficial ni para disfrutar del camino desde la poltrona o el coche oficial. Primero las personas, después las estructuras. Qué difícil pero que necesario.
Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de Derecho Administrativo. jra@udc.es

 

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