Insurrectos y acomplejados (y II)

El Gobierno debería ser consciente de que quien permite difundir infundios puede acabar perdiendo la batalla de la opinión pública internacional. Con su mutismo y falta de iniciativas, el ministro Dastis da la impresión de que ni está ni se le espera.
Felizmente, Puigdemont y Romeva sólo han logrado de momento distraer unos minutos a los comisarios y parlamentarios europeos, exhibiendo en el hemiciclo su ridícula bandera estrellada. 
Y confío en que mientras sigan trucando videos, inventándose agresiones inexistentes e incitando a la violencia en las calles de Barcelona no van a ganarse su simpatía. 
Auguro que sólo conseguirán unas palmaditas de diputados flamencos y escoceses resentidos, y algún iluso ‘podemita’ empeñado en convertir España en reinos de taifas. Lo que seguramente sí pasa desapercibido en la UE es la privación de derechos, opresión y discriminación que padecen los catalanes constitucionalistas en las administraciones de la Generalitat, medios de comunicación, hospitales, juzgados, centros universitarios, empresas públicas... pero sobre todo la que padecen nuestros hijos en las escuelas, institutos y universidades públicas.
En Cataluña, decir la verdad, te convierte automáticamente en un traidor y un facha, o un ‘porc espanyol’ como amablemente me calificaron algunos estudiantes de los inexistentes països catalans’. 
Pocos intelectuales, aparte de Azúa, Savater, y nuestro Nobel Vargas Llosa, han levantado la bandera de la libertad y la igualdad para denunciar el recorte de derechos fundamentales y las amenazas que padecemos los ciudadanos catalanes. 
Algunos intelectuales y artistas “de izquierdas’ firmaron recientemente un manifiesto hace unas semanas posicionándose en contra del referéndum, pero son contados los que han denunciado la inmersión lingüística en catalán que se práctica en el sistema educativo, y la exclusión del castellano, la lengua mayoritaria de los catalanes, de la Cataluña oficial, incluidos los medios de comunicación. 
Hace años, acuñé la expresión, franquismo redivivo, para referirme a esta ‘españofobia’ rampante que se ha adueñado de Cataluña en las dos últimas décadas. 
Hemos llegado al punto en que el Gobierno tiene que actuar, adoptar decisiones, y da la impresión que falta lucidez y determinación. 
Mejor sería, desde luego, contar con el respaldo del PSOE; pero si Sánchez y Robles anteponen la reprobación de la Vicepresidenta, por su gestión del 1-O, a la defensa de la democracia amenazada, desatendiendo opiniones de socialistas tan cualificados como Guerra, González, Bono, etc., PP y Ciudadanos tienen que seguir adelante: el PSOE se sumará o saltará en pedazos. 
El Gobierno tiene que vencer su paralizante acomplejamiento, convencerse y convencer al mundo de que España es un Estado democrático, cuyas intervenciones muy medidas –quizá demasiado– sólo pretenden salvaguardar los derechos de los catalanes y del resto de españoles, amenazados por el estado de excepción impuesto por el gobierno de la Generalitat el pasado 6 de septiembre.
Ningún gobierno del mundo ha sido estigmatizado por reprimir una manifestación insurreccional, como Mas continuó siendo presidente de la Generalitat tras ordenar a los Mozos desalojar, con fuertes dosis de violencia, a los indignados ‘comunitas’ acampados en la Plaza de Cataluña en 2015, cuyas actividades comparadas con la de Puigdemont y el resto de golpistas eran un juego inocente. Lo que, por el contrario, nadie olvida –menos aún los fríos inversores– es ver a un gobierno impotente, incapaz de mantener la seguridad jurídica y desplegar a las fuerzas y cuerpos de seguridad para defender el orden constitucional dentro de sus fronteras.
 
* Catedrático de Fundamentos del Análisis Económico (UAB)l Gobierno debería ser consciente de que quien permite difundir infundios puede acabar perdiendo la batalla de la opinión pública internacional. Con su mutismo y falta de iniciativas, el ministro Dastis da la impresión de que ni está ni se le espera.
Felizmente, Puigdemont y Romeva sólo han logrado de momento distraer unos minutos a los comisarios y parlamentarios europeos, exhibiendo en el hemiciclo su ridícula bandera estrellada. 
Y confío en que mientras sigan trucando videos, inventándose agresiones inexistentes e incitando a la violencia en las calles de Barcelona no van a ganarse su simpatía. 
Auguro que sólo conseguirán unas palmaditas de diputados flamencos y escoceses resentidos, y algún iluso ‘podemita’ empeñado en convertir España en reinos de taifas. Lo que seguramente sí pasa desapercibido en la UE es la privación de derechos, opresión y discriminación que padecen los catalanes constitucionalistas en las administraciones de la Generalitat, medios de comunicación, hospitales, juzgados, centros universitarios, empresas públicas... pero sobre todo la que padecen nuestros hijos en las escuelas, institutos y universidades públicas.
En Cataluña, decir la verdad, te convierte automáticamente en un traidor y un facha, o un ‘porc espanyol’ como amablemente me calificaron algunos estudiantes de los inexistentes països catalans’. 
Pocos intelectuales, aparte de Azúa, Savater, y nuestro Nobel Vargas Llosa, han levantado la bandera de la libertad y la igualdad para denunciar el recorte de derechos fundamentales y las amenazas que padecemos los ciudadanos catalanes. 
Algunos intelectuales y artistas “de izquierdas’ firmaron recientemente un manifiesto hace unas semanas posicionándose en contra del referéndum, pero son contados los que han denunciado la inmersión lingüística en catalán que se práctica en el sistema educativo, y la exclusión del castellano, la lengua mayoritaria de los catalanes, de la Cataluña oficial, incluidos los medios de comunicación. 
Hace años, acuñé la expresión, franquismo redivivo, para referirme a esta ‘españofobia’ rampante que se ha adueñado de Cataluña en las dos últimas décadas. 
Hemos llegado al punto en que el Gobierno tiene que actuar, adoptar decisiones, y da la impresión que falta lucidez y determinación. 
Mejor sería, desde luego, contar con el respaldo del PSOE; pero si Sánchez y Robles anteponen la reprobación de la Vicepresidenta, por su gestión del 1-O, a la defensa de la democracia amenazada, desatendiendo opiniones de socialistas tan cualificados como Guerra, González, Bono, etc., PP y Ciudadanos tienen que seguir adelante: el PSOE se sumará o saltará en pedazos. 
El Gobierno tiene que vencer su paralizante acomplejamiento, convencerse y convencer al mundo de que España es un Estado democrático, cuyas intervenciones muy medidas –quizá demasiado– sólo pretenden salvaguardar los derechos de los catalanes y del resto de españoles, amenazados por el estado de excepción impuesto por el gobierno de la Generalitat el pasado 6 de septiembre.
Ningún gobierno del mundo ha sido estigmatizado por reprimir una manifestación insurreccional, como Mas continuó siendo presidente de la Generalitat tras ordenar a los Mozos desalojar, con fuertes dosis de violencia, a los indignados ‘comunitas’ acampados en la Plaza de Cataluña en 2015, cuyas actividades comparadas con la de Puigdemont y el resto de golpistas eran un juego inocente. Lo que, por el contrario, nadie olvida –menos aún los fríos inversores– es ver a un gobierno impotente, incapaz de mantener la seguridad jurídica y desplegar a las fuerzas y cuerpos de seguridad para defender el orden constitucional dentro de sus fronteras.
 
* Catedrático de Fundamentos del Análisis Económico (UAB)