MEDIDAS SOCIALES

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Gobernar exige realizar reformas, explicarlas y conseguir la complicidad de la ciudadanía. No me atrevo a afirmar que este Gobierno haya conseguido esa complicidad o que sus reformas sean todas acertadas, pero no se puede negar que camina en una línea reformista desde que tomó posesión.

El podium lo comparten la Ley de Estabilidad Presupuestaria y las reformas financiera y laboral. Pero además de estas “estrellas”, el Ejecutivo anunció durante los últimos días otras dos medidas de gran calado económico y social, como son el plan para que los proveedores cobren ya de las administraciones, que puede salvar empresas y puestos de trabajo y merece un comentario extenso otro día, y un primer impulso a la dación en pago, es decir, la entrega de la vivienda para cancelar la deuda hipotecaria con la entidad financiera.

En medio de tanta macroeconomía, que el Gobierno se acuerde de los ciudadanos atrapados por la hipoteca –en principio familias con todos sus miembros en paro o con un nivel de ingresos insuficiente para pagarla– es una medida de gran impacto social que, además de generar enormes expectativas, mereció la aprobación de la sociedad, muy sensibilizada con los desahucios.

La entrega de la vivienda para cancelar la deuda hipotecaria es una medida de gran impacto. Ya era hora que el Gobierno se ocupara de miles de ciudadanos en dificultades

Ya era hora que el Gobierno, después de entregar ingentes cantidades de dinero para salvar a la banca, se ocupara de miles de ciudadanos que se hipotecaron, quizá de forma desmesurada, pero en muchos casos por una deficiente tasación de las mismas entidades financieras que ahora les echan de sus casas.

Por ahora la dación en pago no va más allá de una declaración de intenciones y sus resultados dependen de la buena voluntad (¡) de los bancos, por eso requiere concreción en una norma legal que preserve los derechos de todos. Si el Gobierno acierta también habrá frenado muchos desahucios que conmueven las entrañas de las personas sensibles.

Y eso es lo importante, ayudar a los más desfavorecidos y evitar casos como el de aquella señora desahuciada que decía a un agente judicial: “Nos non somos morosos, señor, somos pobres” mientras acariciaba a sus hijos y miraba sus pertenencias depositadas en la calle.

Dos renombrados socialistas lamentaban que el Gobierno socialdemócrata anterior no hubiera tomado esta y alguna otra medida, pero lo que menos importa ahora es el color político del ejecutivo que reforma. Aunque, bien pensado, que los populares adelanten a los socialistas por la izquierda parece el mundo al revés.

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