SER político tiene que resultar, en ocasiones, algo muy duro. Uno puede imaginarse a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, anunciando a los medios de comunicación que España acogerá a quinientos refugiados más al mes y, al mismo tiempo, ver su sufrimiento porque no se le caiga la cara de vergüenza. La Comisión Europea ha solicitado a los países miembros que incrementen la cifra de desplazados que tienen acogidos y todos han dicho que sí, en ese reparto, a España le han correspondido medio millar más al mes. Hasta ahí todo perfecto. Sin embargo, lo absurdo de esta situación es que nuestro país tendría que acoger a 17.337 personas antes del 27 de septiembre y, a estas alturas, faltan por llegar casi 16.000. Esto quiere decir que poco importa cuántos desplazados diga el Gobierno que va a aceptar porque, en el fondo, sabe que no lo va a hacer. Y mientras, el resto de partidos, mirando para otro lado ahora que parece que el asunto ya no llama tanto la atención de la opinión pública.