Absolución

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La absolución, por parte de la Audiencia Provincial, de los siete concejales del Partido Popular del Ayuntamiento de Santiago, condenados inicialmente por un delito de prevaricación, debe servir para que el sistema judicial español, pero también el conjunto de la sociedad civil, aborden una profunda reflexión sobre el alcance de decisiones que, más que contribuir a denostar el lamentable panorama político, diluyen en el ámbito de lo personal acciones de difícil, cuando no imposible, reparación. Y es que la absolución judicial, que exonera toda responsabilidad o, como es el caso, cualquier decisión injusta a sabiendas adoptada por parte de los encausados, no tiene equivalencia posible en lo que a las repercusiones sobre la sociedad y la opinión pública se refiere. Partir de la premisa de que todo imputado es realmente culpable queda, una vez más, invalidada, como días pasados sucedió también en el caso de la exportavoz del PPdeG, Paula Prado. Tal absolución no deviene pues en la exculpación social, algo difícil de soslayar porque no faltará quien considere que los tribunales están sujetos al Poder Ejecutivo cuando lo que prima es su independencia.
El voraz cuestionamiento sobre la acción política al que nos tienen acostumbrados todos los partidos políticos, sin excepción, al menos los que con mayor o menor intensidad o responsabilidad han ejercido o ejercen alguna clase de poder, imprime una sintomatología que presupone la culpabilidad ante la inocencia y que cuestiona la honradez y el honor de las personas –aunque sean representantes o funcionarios públicos– más allá de toda duda.
El balance no exime en cualquier caso de responsabilidad al sistema judicial, como tampoco a la sociedad, capaces ambos de hacer del cuestionamiento una verdad consumada e inherente a estamentos –al margen del político también, hay que recordarlo, está por ejemplo el sindical–, pero sí debería al menos contribuir a que la acción jurídica, que no necesariamente ha de tener que ver con la de los magistrados, extreme el respeto a esa presunción de inocencia. Lo contrario solo permite establecer prejuicios que gravan la credibilidad en una institución sobre la que descansa el pilar básico de toda sociedad libre: la Justicia. Difícil tendrán sin duda los más directamente perjudicados la posiblidad de verse resarcidos, al menos desde el punto de vista público, una vez “juzgados” sobre un caso que, como se sabe, convulsionó hasta circunstancias sin precedentes la vida municipal compostelana.

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