Un derecho acaba dónde empieza otro

ACoruña apesta. Huele a basura, a estercolero. Todo por obra y gracia de una huelga. Sin embargo, en esta ocasión no se trata de la protesta de los trabajadores del servicio de recogida.
Estos días, quienes están ejerciendo su derecho constitucional a la huelga son los empleados de la planta de tratamiento de residuos urbanos de Nostián, es decir, la particular Sogama herculina a la que Greenpeace dio su bendición y de la que ahora se sabe que recicla mucho menos de lo esperado y que el resto, como sucede en los demás concellos, termina por ser incinerado en la planta de Cerceda, que todo lo puede.
Sin embargo, volviendo a la peste, el problema radica en que, de un modo más o menos descarado, los de la recogida y los de la planta, unos y otros, se echan una mano y las bolsas se amontonan en los contenedores.
El calor juega también su papel y, al final, los coruñeses recuerdan aquel desgraciado día en el que se derrumbó el vertedero de Bens enterrando el pueblo de O Portiño bajo una montaña de restos y, lo que es peor, provocando la muerte de una persona cuyo cadáver jamás fue recuperado.
Llegados a este punto, la pregunta que surge es si resulta lícito que la población de toda una ciudad se convierta en rehén de un conflicto laboral, por muy justo que este sea. Porque, es evidente, desde el lado de los trabajadores se busca generar el mayor malestar en la población para que la empresa dé su brazo a torcer.
Por mucho que los mensajes que lancen sean de que no respaldan los actos de sabotaje, la realidad es que, sin ellos, su conflicto pasaría despercibido y, además, son los únicos beneficiados por el hecho de que los camiones no puedan retirar la basura de la calle.
Tampoco hay que pedir que sean ejecutados al alba. La realidad es que cualquier huelga, movilización o protesta, lo que busca, es afectar al mayor número de personas para, de ese modo, tener repercusión y que sea incluso la opinión pública la que fuerce a las administraciones a mediar para solucionar el conflicto.
Lo hacen los pilotos cada vez que hay unas vacaciones, o, sin necesidad de criminalizar a un colectivo concreto, quienes sellan con silicona las cerraduras de comercios y bancos ante una huelga general.
Es cierto que tienen derecho a reivindicar lo que consideran justo, pero su derecho finaliza justo en el momento en el que provoca pérdida de derechos a los demás y esto es algo que, en este país, todavía hay quien parece no tenerlo claro.
Es evidente que hace falta ajustar la ley a los nuevos tiempos, en este y en otros muchos asuntos cuya trascendencia se les escapa a los políticos, tal vez porque por su condición no tienen los mismos padecimientos que la mayoría de los ciudadanos.