AUTONOMÍA Y EURO POR RECETA

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Ya dijo Rajoy que no le gustaba nada eso del euro por receta que se aplica en Cataluña y Madrid. Y argumentaba que el ciudadano no tiene por qué pagar dos veces por la misma cosa. Como si ello constituyese alguna novedad y como si quienes pagamos impuestos no lo hiciéramos ya por duplicado o triplicado en otras muchas cosas.

Por ejemplo: al percibir una renta de trabajo, al consumir con ese dinero, al cumplir con los gravámenes sobre el ahorro y, en determinadas comunidades autónomas, al legar esos ahorros a los hijos a través del impuesto de sucesiones. ¿Y eso –se habrán preguntado muchos– no le debería llamar la atención a Rajoy en mayor medida que el euro por receta?

Lo malo, no obstante, no es que ello le disguste a Rajoy como persona, sino que tampoco le place como presidente del Ejecutivo. Es por lo que el Gobierno ha iniciado una serie procedimientos previos con las comunidades implicadas en el contencioso para no tener que llegar hasta el Constitucional, tribunal ante el que está dispuesto a recurrir si no le queda más remedio, como parece que va a ser.

El Gobierno ya cuenta con un pronunciamiento a su favor: el del Consejo de Estado, al que preceptivamente ha tenido que acudir antes de personarse ante el Constitucional. El alto órgano consultivo ha entendido que la introducción del euro por receta por parte de Administraciones autonómicas “vulnera el orden constitucional” Así se ha manifestado ante la ley de Cataluña al respecto, pero muy bien podría aplicar la misma doctrina en el caso de Madrid.

Dos son al respecto las principales argumentaciones ofrecidas por el Consejo de Estado. Una: que ello gravaría el precio de los medicamentos, en lo que no pueden incidir las comunidades autónomas. Y dos: que se quebrarían las condiciones de igualdad en todo el territorio del Estado.

A ojos de profano, ambos argumentos parecen discutibles. El primero, porque el objeto o bien a gravar podría no ser el precio de los medicamentos, sino el acto médico. Y el segundo y de mayor alcance, porque eso de la necesaria “regulación uniforme del sistema sanitario nacional” puede suponer, de aplicarse por analogía a otros ámbitos, un pequeño torpedo en la línea de flotación de lo que puede y debe ser el sistema autonómico.

Y es que autonomía significa e implica diversidad. De hecho, los mecanismos previstos en el Título VIII de la Constitución permiten que cada comunidad autónoma adopte una fisonomía propia y diferente de las restantes. Para llegar a una “regulación uniforme” de todo por parte del Estado central más hubiera valido quedarnos como estábamos.

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