Estos días fue noticia López Aguilar al haber sido denunciado por delito de maltrato en el ámbito familiar. La difusión de la noticia y la grave trascendencia de hechos de esta naturaleza propiciaron su salida fulminante  del PSOE. Muchos han sido los comentarios y más de uno adujo que está bebiendo de su propia medicina. Ha sido el mentor e impulsor de una Ley, nacida en diciembre de 2004, que no por novedosa ha dejado de ser justa.
Desde los tiempos más remotos la violencia ha estado enraizada en las más profundas tradiciones del dominio masculino, como algo asumido dentro del ámbito familiar, como la solución interna de conflictos domésticos.
La realidad social no es que los casos hayan aumentado, sino que las mujeres denuncian lo que antes callaban, y lo que antes era cifra sumergida, ahora aflora  con las denuncias, que conocemos a través de los medios de comunicación.  
Aunque hemos de reconocer que la muerte de mujeres como consecuencia de la violencia de género se ha disparado en los últimos años, en muchos casos relacionados con situaciones de separación de hecho o de derecho.  
Cierto que esta ley protege exclusivamente a las mujeres, y cierto que determina una presunción de culpabilidad. Invierte los papeles y cualquier mujer sabe que una denuncia por maltrato a su pareja,  varón, implica de entrada, que este pase a ser detenido y a disposición judicial. Es algo inmediato. Luego será el juez quien decida: un archivo, una apertura de procedimiento o incluso un juicio de conformidad.
Al mismo tiempo se pueden adoptar medidas penales, según el caso,  y también una serie de medidas civiles, como la atribución del domicilio y/o establecimiento de pensiones para su cónyuge o hijos. Medidas estas las civiles que habrán de ser ratificadas posteriormente a través de la correspondiente demanda civil, de la que conocerá, en lugar del juez de familia, el mismo que conoció del asunto penal del maltrato.
A nadie se le escapa que las sociedades no avanzan  rápidamente y por ello es necesario que la ley empuje y acorte el paso que la sociedad por sí misma no puede dar. Ahora bien, tampoco a nadie se le escapa el hecho de la existencia de denuncias falsas, para obtener los beneficios de la ley.
Si una pareja está en trámites de divorcio o piensa iniciarlos, una denuncia de este tipo facilita las cosas a la mujer. De entrada, el hombre se va fuera del domicilio, con una orden de alejamiento y obligado a abonar unas pensiones que serán ratificadas en la vía civil ya que serán establecidas por el mismo juez que adoptó las medidas penales.
Sin embargo, nuestra legislación tiene mecanismos suficientes para atajar  denuncias falsas, ya que el Juez que detecta la presunta falsedad puede deducir testimonio contra la denunciante a los efectos de que se depure su responsabilidad. Una denuncia falsa en este tipo de asuntos causa, sin duda, un daño irreparable.  Pero, en la práctica, no se hace. Y esto sucede, fundamentalmente, por la carencia de medios y  atasco de los juzgados. Así que deberá ser el propio perjudicado quien inicie la vía legal contra la mujer que presentó esa denuncia que después resultó falsa.
De lo que no cabe duda es que se actúa con demasiada frecuencia en fraude de ley. Esto es, la utilización de una norma con fines contrarios a aquellos por los que la norma fue creada. El que hizo la ley hizo la trampa. Lo que  falta, pues,  en esta sociedad en la que vivimos es la conciencia social y responsabilidad de utilizar las herramientas legales para sus fines y no para otros, ajenos a estos, pero beneficiosos al fin particular.
Por lo tanto, con independencia de si el Sr. López Aguilar es culpable o inocente que será algo que el tiempo dirá, lo cierto es que la historia que cuenta y aparece en los medios, es muy corriente y cotidiana.
Resulta injusto que se le eche la Ley encima por ser su criatura. La culpa no es de la Ley sino de quien la utiliza en su contra,  en el caso de que lo que cuenta sea cierto.
Emma González es abogada