TRATAMIENTO DE CHOQUE

Se crearon tantas y tan gratuitas expectativas; se manejaron tan desfiguradas estadísticas y se dio tanto protagonismo a determinadas plataformas ciudadanas, que no debe sorprender que muy diversos colectivos sociales acogieran con desilusión y críticas las medidas sobre desahucios tomadas el jueves por el Gobierno.

¿Suficientes?, se han preguntado muchos. Evidentemente, no. Pero es que no se trataba de eso; de dejar cerrados los acuerdos al respecto. Se trataba de tomar unas medidas de emergencia; de hacer un tratamiento inicial de choque, para dejar luego abiertas nuevas y delicadas reformas a un más sosegado debate parlamentario.

¿Por qué no se sumó al acuerdo inicial el Partido Socialista? Los propios interesados no terminan de explicarlo. Por eso hay que acudir a la conjetura fundada. Y es que a la vista de los reconocimientos que en la rueda de prensa del jueves la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, hizo del equipo negociador socialista, como intentando salvarle la cara, muchos concluyen que el veto a suscribir el acuerdo vino de arriba; de la cúpula del partido. Es decir, que no fue un veto técnico, sino político.

¿Por qué así? ¿Por qué, si el decreto ley, por decisión anunciada del propio Gobierno, habría de ser tramitado en su momento como proyecto de ley? ¿Por discrepancias internas? ¿Por no aparecer al lado del PP? ¿Por no poder sacar la deseada rentabilidad política a una iniciativa que creía suya? ¿Porque no le convenían los momentos presentes para visualizar el consenso? ¿Porque al final del final el acuerdo tampoco va a ser posible?

Siguiendo su habitual proceder, la vicepresidenta portavoz no quiso hacer sangre con la situación. El ministro De Guindos fue un poco más allá –poco– y dijo que al Partido Socialista le había faltado altura de miras. Sea como fuere, lo que parece claro es que éste no ha estado a la altura de las circunstancias y que una vez más se ha puesto de manifiesto la dificultad –imposibilidad, diría yo– de llegar con él a acuerdos importantes de gobierno.

Finalmente, me gustaría traer a colación una de esas llamadas “derivadas”. Una de esas cuestiones colaterales que pueden ser motivo de reflexión añadida. Me refiero a la tradicional resistencia de algunos a “legislar en caliente”. Este ha venido a ser el gran argumento de la izquierda imperante para no reformar, por ejemplo, la ley del menor ante casos sangrantes como los de la pequeña Marta del Castillo y otros similares. Lo que para esa izquierda hubiera constituido entonces un disparate, con el problema de los desahucios resulta ahora ineludible y urgente. ¿No habría que exigirles un poco más de coherencia?