LA OTRA REALIDAD

En febrero de 2013 el sr. Rajoy anunciaba que no tenía intención alguna de modificar la Ley Electoral. Y mucho menos sin un consenso.  Sin embargo, en su tónica habitual,  a inicios del segundo periodo de sesiones de la cámara, la reforma es ya una realidad, porque el futuro se juzga complicado. Nos encontramos a las puertas de unas elecciones municipales y habrá que asegurarse la manduca.  
El baremo o la vara de medir para esta decisión, viene marcado, entre otras cuestiones,  por el resultado de las elecciones al parlamento europeo. Y es más que probable que se pierdan muchas o todas las mayorías absolutas.
Tampoco a nadie se le escapa que la pérdida de votos es fruto de la nefasta gestión de una crisis donde nada de lo prometido se ha llevado a cabo. Todo ello aderezado por el buen montante de dinero negro manejado en las arcas del partido. Con todo se obtuvo un cóctel que  parece indicar, será extrapolable a las próximas elecciones municipales.
La reforma electoral que se propone para los Ayuntamientos consiste precisamente  en que gobierne la lista más votada y no la lista que alcance un consenso mayoritario para gobernar.
Se trata, pues, de reformar la Ley Orgánica de Régimen Electoral para que sólo puedan formar gobierno en los ayuntamientos la lista más votada. Sin consenso. Ni grande ni pequeño y sin debate. La Ley,  a pesar de tener el carácter de orgánica, podrá modificarse sólo con los votos de los populares. Hasta la fecha nunca se ha tocado. Sin embargo, se justifica en este preciso momento por el principio de “regeneración democrática”.
¿Alguien lo entiende? Absurda la respuesta. Basta saber que  si la propuesta de reforma electoral no prospera y la ley sigue igual, el panorama para el partido de gobierno es bastante negro. Necesitaría alcanzar acuerdos  para mantenerse en el poder. Cosa harto difícil.  No tendría otra opción,  pues perderá sus mayorías absolutas y con ellas la posibilidad de gobernar.  La conclusión es clara: O bien el partido encuentra aliados, o los partidos de la oposición los van a desalojar de sus feudos.
Al gobierno y concretamente a su presidente le parece,  a ocho meses de unas elecciones una “propuesta coherente” y de sentido común que gobierne la lista más votada.
A nadie se le escapa que todo esto  es un  compendio de mentiras y falacias con el claro objetivo de despistar al votante, que a base de repetirle consignas erróneas acaba creyendo en el discurso. Y como justificación de que el objetivo es otro distinto, apuntan que en Navarra o País Vasco esta reforma les perjudica claramente y a pesar de todo,  creen que es de justicia la citada reforma.
La palabra justicia es el comodín que lava la conciencia y deberían prohibir su uso, cuando su utilización se  aleja demasiado de lo que por justicia entiende cualquier mortal. Cierto que les perjudica en Navarra o País Vasco, pero cierto también que  en estas comunidades ya nada tenían que hacer, con reforma o sin ella. Sin embargo en el resto, pierden por goleada.  Y con la reforma se aseguran alcaldías que de suyo tienen perdidas.
Bajo el falso pretexto de una regeneración democrática, imposible de justificar ante los ciudadanos, se acelera  una reforma que pretende, por lo pronto, asegurar a unos alcaldes, sin extender sus efectos siquiera a los presidentes de comunidades autónomas o incluso a la presidencia del gobierno, pues, en principio, no existe ninguna razón para que el nuevo sistema sugerido no sea aplicable también al ámbito autonómico o al nacional.
 Ahora toca lo que toca: atajar la debacle que se avecina. En consecuencia, que pocos se confundan. Esta es una reforma, como tantas otras anteriores, y posteriores que se anuncian, que están marcadas por la conveniencia política coyuntural de un partido, y lejos queda cualquier objetivo de lograr una mayor estabilidad política e institucional como reclaman los ciudadanos para regenerar verdaderamente el sistema. Esto es otra realidad.
Emma González es abogada