Emergencia sanitaria y estado policial

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El dilema entre libertad y seguridad,  entre seguridad y libertad, está a la orden del día. Sobre todo cuándo lamentablemente se maneja un Estado de alarma como si fuera un Estado de excepción. En nuestro país, durante el Estado de alerta, un Estado de policía de manual, el Gobierno suspendió de hecho derechos fundamentales, controló nuestras comunicaciones y, lo que es más grave, sembró un poderoso manto de temor y amedrentamiento que poco a poco fue minando el temple cívico de la población. Todo por la contención de un virus que causó graves estragos en la vida de miles de españoles.

Sin embargo, en estas situaciones de excepcionalidad el Estado de Derecho no está en cuarentena. Todo lo contrario, debe estar más vivo que nunca. En efecto, el control judicial debiera funcionar con normalidad, la separación de poderes cuidada, protegidos y defendidos los derechos fundamentales de las personas. En su lugar, lo que nos encontramos, a causa de la escasa sensibilidad democrática de quienes nos malgobernaron en ese tiempo, más preocupados de la propaganda y del control social que de la calidad del Estado de Derecho, fue un espacio de intervención general que permitió, como en los tiempos de la dictadura, apagar cualquier asomo grave, a veces leve, de disidencia o de pensamiento crítico.

En este contexto, de confinamiento gubernamental de la población y de cerco policial en nuestras ciudades, se prorrogan los estados de emergencia y se dictan normas de excepción dando poderes ilimitados al poder ejecutivo y a los cuerpos y fuerzas de seguridad que, muchas veces, carecen de instrucciones concretas acerca de como actuar en un Estado democrático que debe proteger los derechos y libertades de las personas. 

La emergencia sanitaria por el virus aconseja que la actividad de orden público cobre mayor intensidad. Pero eso, que es una exigencia para que las personas podamos ejercer en paz nuestras libertades no puede justificar, de ninguna manera, que cada vez la intimidad de las personas esté cada vez más inerme, puesto que aun en estos casos, las intervenciones policiales deben estar amparadas en razones concretas, específicas, vinculadas, única y exclusivamente, a la emergencia sanitaria.

Las continuas y permanentes apelaciones a la seguridad y a la eficacia para la contención de la pandemia, desembocaron en un fuerte dispositivo burocrático a partir del cual se limitaron y restringieron, a veces injustificadamente, las libertades humanas. Claro que la denominada actividad administrativa de policía puede ser, en determinados momentos, más necesaria. Pero incluso en tales ocasiones, que precisamos de una eficaz acción de combate a la pandemia,  la actividad de gestión del orden público no puede dejar desprotegida la intimidad o la libertad de las personas. El dilema seguridad-libertad, hoy por ejemplo bien presente,  no puede solucionarse con recortes generalizados y masivos de las libertades.

Emergencia sanitaria y estado policial