LA PARTICIPACIÓN

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La participación es uno de los principales termómetros que mide la temperatura democrática de un país. En efecto, la participación, junto con la libertad, son objetivos políticos de primer orden en la construcción y desarrollo de la democracia. Incluso, por su carácter básico y por lo que supone de horizonte tendencial nunca plenamente alcanzado, podríamos tratar de la participación como finalidad política en la medida en que facilita la presencia ciudadana en la cosa pública.

La crisis a la que hoy asisten las democracias, o más genéricamente las sociedades occidentales, en las que se habla a veces de una insatisfacción incluso profunda ante el distanciamiento que se produce entre lo que Ortega llamaba vida oficial y vida real exige una regeneración permanente. Regeneración que nunca llega aunque siempre se predica desde la oposición.

En democracia, el poder, que es del pueblo, suele ser objeto de apropiación por los políticos, quienes, una vez que llegan al poder, se olvidan de quién es su real propietario y se lanzan a la palestra como si ellos fueran sus únicos dueños y señores. Por eso, la participación real del pueblo en la cosa pública garantiza que el control será más genuino y que, por otra parte, quienes ejercen el poder comprendan que no es de su titularidad y que por ello han de rendir cuentas permanentemente de cómo lo administran.

Se trata de respetar, de promover, la multitud de fórmulas en que los ciudadanos deciden integrarse, participar en los asuntos públicos, cuyas dimensiones no se reducen, ni muchísimo menos, a los márgenes –que siempre serán estrechos–de lo que llamamos habitualmente vida política. Trato, pues, fundamentalmente de participación cívica, en cualquiera de sus manifestaciones: en la vida asociativa, en el entorno vecinal, en el laboral y empresarial, etc. Y ahí se incluye, en el grado que cada ciudadano considere oportuno, su participación política. La realidad, en su más variada expresión, ofrece distintos canales de presencia de intereses comunitarios a través de los cuales es posible ayudar a abrir el espacio de lo público, algo que dada la fuerza dominante que procura, desde el pensamiento único, laminar las libertades es cada vez más urgente y necesaria si es que queremos preservar el pluralismo en la vida social.

Al político le corresponde un determinado protagonismo político, pero la vida política no agota las dimensiones múltiples de la vida cívica, y el político no debe caer en la tentación de erigirse como único referente de la vida social. La empresa, la ciencia, la cultura, el trabajo, la educación, la vida doméstica, etc. tienen sus propios actores, ciertamente muy relevantes, a los que el político no puede desplazar o menoscabar sin incurrir en actitudes sectarias. Buena cosa sería que nos pusiéramos de acuerdo acerca del alcance y los límites del espacio político. Sobre todo para evitar ese casi imparable proceso de expansión de lo político-ideológico en la vida social, cultural y económica que hoy se aprecia como uso habitual pero que, en realidad, es algo profundamente anormal en las sociedades maduras y desarrolladas.

Si la participación ciudadana fuera más auténtica, más extensa y más intensa, los políticos no podrían, de ninguna de las maneras, llevar la influencia de lo político-ideológico más allá de sus límites propios. Como esto no acontece, estamos en un mundo inundado por la política en el que prácticamente todo se politiza, todo se ideologiza, la racionalidad desaparece y aparece la ley de la selva como única referencia válida. La consecuencia necesaria de toda esta deliberada, y hoy exitosa, operación de ingeniería social está a la vista de todos: volvemos al resentimiento, al odio, a la fracción, a la división que hábilmente introducida por las más variadas técnicas de psicología social acaban por anidar en la mente y en las conciencias de no poca gente de bien.

Jaime Rodríguez-Arana Muñoz es catedrático de Derecho Administrativo

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