CÓDIGO DE CONDUCTA

Los números son abrumadores y, lo que es peor, aumentan cada día: En este país son ya más de 151.000 personas las afectadas por órdenes de desahucio ante la imposibilidad de hacer frente a los pagos de la hipoteca; otros 328.000 procedimientos están ya iniciados. Las intenciones expuestas por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, a través del ministro de Economía, Luis de Guindos, el pasado miércoles en el Congreso de los Diputados, se reducen a un mero llamamiento al sector bancario para que asuma un “código de conducta” que está demasiado lejos, por la condición de mera petición, de ser contemplado por aquél, al menos, en los términos mínimamente esperanzadores que podrían albergar los afectados.

Una reacción equilibrada si se tiene en cuenta que el propio ministro reconocía explícitamente que tal propuesta podría conllevar un endurecimiento de las condiciones hipotecarias de los préstamos venideros. Las valoraciones iniciales de las asociaciones de afectados no se han hecho esperar ante la indefinición de una propuesta que, cuando menos, debería acoger, para que realmente tenga un efecto válido, el calificativo de la imposición.

Sin legislación, cualquier propuesta se reduce a una mera escenografía, más producto de la mercadotecnia política que del empeño en llevarla a cabo...

 

Lo cierto es que los drásticos ajustes y recortes en servicios públicos o la reforma laboral, que han motivado ya una fuerte contestación social, como se ha visto en las manifestaciones del pasado domingo en todo el país, podrían hallar en esta reacción del Gobierno una expectativa justificada de solidaridad, ya no solo con los afectados, sino incluso con quienes están lejos de afrontar tan dramática situación. La aproximación del Ejecutivo a la dación en pago –la entrega de la vivienda a la entidad bancaria para saldar de forma definitiva la deuda contraída– es un mínimo gesto ante la vorágine de otras medidas, pero se echa en falta un mínimo de autocrítica hacia acciones, ajenas al partido hasta hace poco en el Gobierno, y que, como se sabe y es notorio, no son patrimonio exclusivo ni de ideologías ni de estudios de mercado sino del exceso personalista que rodea la gestión de muchos responsables políticos. Ahí están –recurso harto conocido– aeropuertos que nunca han recibido un avión.

La cautela con la que la banca ha recogido la propuesta del Ejecutivo es obvia y está lejos de poder intuir que tal “código de conducta” se asuma, cuando menos, ya no solo en la totalidad de los términos propuestas sino también en la verdadera medida de cada uno de ellos que cabría esperar de un sector al que la inmensa mayoría de este país considera insolidario. Sin legislación, como reclaman las numerosas asociaciones de afectados, cualquier propuesta se reduce a una mera escenografía, más producto de la mercadotecnia política que del empeño en llevarla a cabo, si no se evidencia, como sería lo esperado, un mínimo empeño en paralizar o retrasar los desahucios. Este sí sería un principio creíble.