EL PRECIO DE UNA NIÑA

El domingo día 11, mientras los líderes europeos escenificaban en París su unidad para seguir defendiendo los valores de Occidente –la libertad de pensamiento y de expresión, la tolerancia, los derechos humanos...–, conocíamos la sentencia del Juzgado de Menores de Lugo que condena a un joven de 17 años a recibir durante un año clases de “educación sexual básica”, de cómo relacionarse con el sexo femenino y de las relaciones de pareja. El joven violó a una niña de 11 años que su familia había comprado para dársela como esposa
Los hechos son horripilantes. Primero, la compra por 2.500 euros de una niña, una transacción indignante, como si fuera una animal, que después fue traída de Andalucía, donde residía con su madre, a Lugo donde le esperaba “el novio” que, dice la sentencia, es autor de delitos de abuso sexual y maltrato por pegar y obligar a la niña a tener relaciones sexuales. El modus operandi es espeluznante: “El acusado la sujetó por el pelo y los brazos y en algún momento llegó a taparle la boca para que no gritase” y cuando la niña amenazó con marcharse para volver con su madre, la cogió por la cabeza y la golpeó contra la pared.
El hecho de que los protagonistas de esta espantosa historia sean extranjeros y procedan de otra cultura –aunque llevan diez años en España–, puede reabrir el debate sobre el multiculturalismo y las formas de integración, pero debería reafirmar la prevalencia de los derechos de las personas sobre cualquier peculiaridad de las culturas de origen. Hay principios en los países de acogida como el nuestro –los derechos humanos, las libertades, la democracia…– que son irrenunciables y deben aceptar quienes se incorporen a esta sociedad.
En el caso de la niña ultrajada estamos ante la violación flagrante de sus derechos con la comisión de varios delitos que “castiga” a su manera una sentencia amable que no entra en el fondo de la cuestión: la compra-venta de un ser humano.
¿Cómo explicar que esta sociedad nuestra, mientras aplaude la manifestación de París en defensa de un derecho tan sensible como la libertad de expresión, tolere que dos familias con años de residencia en España “comercien” con una niña de 11 años para entregarla en matrimonio prohibido por la ley? ¿Por qué nadie levantó la voz ante las agresiones que sufrió la pequeña? ¿Dónde están las asociaciones y los políticos que dicen defender los derechos de la mujer?