Un supuesto derecho

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Desde 1989 esta ha sido la octava moción o resolución aprobada por el Parlamento de Cataluña proclamando, con distintas variantes, el derecho a la autodeterminación y realidad nacional diferenciada. La última, sin ir más lejos, lleva fecha se septiembre pasado. Nunca han tenido efectos o consecuencias concretas más allá de su pervivencia en las hemerotecas. Pero cierto es también que no levantaron la polvareda de la aprobada el miércoles.

Tal vez porque nunca, como se ha hecho ahora, se había atribuido al “pueblo de Cataluña” la condición de “sujeto político y jurídico soberano”. Y tal vez también porque el acuerdo para “hacer efectivo el ejercicio del derecho a decidir” ha pasado importantes facturas de otro orden, cual ha sido la división del socialismo catalán y de la coalición gobernante en Barcelona.

El apoyo parlamentario recibido ha sido amplio: 85 de 135 diputados. Pero le han faltado cinco votos para llegar a esa mayoría cualificada de dos tercios que se considera preceptiva para proponer reformas legales del marco jurídico. Ello pone así de relieve las limitaciones políticas de la mayoría soberanista,

En todo caso, habría que dejar sentado que la declaración soberanista del miércoles se basa en dos grandes falacias. En primer lugar, en esa afirmación de una soberanía que no existe, pues muy bien se sabe que el titular único de la misma es el pueblo español. En segundo término, en el invocado “derecho a decidir”, que viene a ser una especie de eufemismo; una manera de encubrir o camuflar el derecho a la autodeterminación, regulado en los tratados internacionales y que no es de aplicación en el caso catalán.

Y no lo es porque el tal derecho sólo es admisible en situaciones coloniales o en aquellas otras en que un Estado niegue los más elementales derechos a sus ciudadanos. Como es obvio, nada de ello sucede en Cataluña. Por tanto, si por derecho entendemos algo que las leyes vigentes regulan y no un derecho natural o divino propio de épocas premodernas, el derecho a decidir en el proceso que nos ocupa no existe. Estaríamos hablando, pues, de un supuesto o inventado derecho. Se trata, por lo demás, de una “declaración política” sin por ahora efectos jurídicos, por lo cual el Gobierno poco o nada puede hacer desde el punto de vista de un eventual recurso ante el Tribunal Constitucional.

Creo, sin embargo, que habría que pedir al presidente y a su Gobierno una reacción política más contundente que la repetida cantinela de la mano tendida, del diálogo y de la aplicación de la ley. Porque la resolución catalana no tendrá efectos jurídicos y está llamada a decaer a las primeras de cambio. Pero tiene una repercusión política innegable.

Un supuesto derecho