Rebajas autonómicas

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Desde sus tiempos como consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía (2013-2018) conocidas son las pretensiones de la hoy ministra del ramo, María Jesús Montero, de meter mano a la autonomía fiscal de que gozan las comunidades autónomas y poner tope o un suelo a las rebajas impositivas de éstas.

Hace unos días, en el congreso de inspectores de Hacienda y en su visita a Valencia ha vuelto a insistir en ello: en la necesidad de “armonizar” a nivel fiscal las diferencias existentes entre los distintos territorios para evitar lo que ella y  correligionarios  consideran dumping o competencia desleal; esto es, la “inaceptable” existencia de paraísos fiscales interiores.

Por supuesto, tal armonización se traducirá en una subida de impuestos en comunidades que han procedido a poner en práctica y a la baja la autonomía fiscal que la legislación les posibilita. Desde hace tiempo, desde los mandatos de Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes, Madrid ha estado y está a la cabeza de tales políticas. Ahora mismo, se apresta a poner en marcha lo que la presidenta Díaz Ayuso ha llamado “la mayor rebaja fiscal de la historia madrileña”.

Por su parte, el alcalde de la capital, Martínez Almeida, se dispone a hacer lo propio con el IBI y otros gravámenes de su competencia a partir de primeros de año. Al igual que prácticamente todas las comunidades gobernadas por el PP, Galicia entre ellas.

La verdad es que entre impuestos propios, cedidos, con capacidad normativa o sin ella el galimatías de las Haciendas regionales es enorme y las diferencias entre unas y otras, fuera de medida. La verdad es también que mucho no se entiende la contradicción entre renunciar a unos ingresos vía impuestos y casi a renglón seguido solicitar al Gobierno central un préstamo a través de alguno de esos mecanismos adicionales de financiación, como el FLA y otros. Préstamos, sí, en condiciones muy ventajosas, pero cuyo principal a la postre hay que devolver. Desde luego, en economía doméstica no se funciona así.

Veremos en qué queda la pretendida armonización fiscal. De volver a ganar el PSOE las elecciones del 1-N, es más que probable que la ministra –sanchismo entusiasta, puro y duro– siga al frente de Hacienda, si es que no asume otras responsabilidades más altas. Su propósito es convocar “cuanto antes” al Consejo de Política fiscal y financiera (CPFF) para aliviar tensiones urgentes de tesorería (Cataluña, Valencia, Murcia, Cantabria) y seguir avanzando en la reforma de la financiación autonómica.

Bien se ha dicho que ningún ministro como ella ha hecho tanta política con las cuentas públicas. Último botón de muestra ha sido el manejo de las entregas a cuenta para el año en curso, informes de la Abogacía del Estado incluidos. Su barulleiro, autosuficiente y demagógico  mitin en el debate parlamentario de convalidación  del decreto ley  correspondiente –otro más– no augura nada bueno.

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