Los políticos, después

Con la apertura y lectura de las cajas negras, la Justicia ha echado a andar en el esclarecimiento de lo realmente sucedido en el accidente de Angrois y en la determinación de las eventuales responsabilidades sobrevenidas. Al tiempo, los técnicos en materia ferroviaria habrán empezado no sólo a establecer sus propias conclusiones sobre lo acaecido, sino sobre todo a ver cómo evitar que siniestros como el vivido puedan repetirse.
Justicia y técnicos son los hoy por hoy mayormente legitimados para hablar. Solo cuando una y otros hayan establecido las correspondientes resoluciones, será la hora de los responsables políticos y de las decisiones administrativas. Hablar antes de tiempo sólo conduce a dar por ciertos hechos y circunstancias que pueden muy bien no serlo y a montar sobre ello un debate fuera de lugar. Las prisas nunca, y especialmente en situaciones como ésta, son buenas consejeras.
Hay que tener en cuenta además que de los grandes percances siempre se derivan lecciones que con el tiempo sirven para incrementar la seguridad de instalaciones o infraestructuras, rebajando en la misma medida la siniestralidad. Debidamente entendido, bien puede decirse que, por ejemplo, la seguridad de las centrales nucleares ha ido mejorando y asentándose a base de las conclusiones establecidas a raíz de los accidentes habidos en las mismas.
Un poco ha sucedido lo mismo en materia de seguridad aérea. Estos días se ha recordado cómo el desastre del aeropuerto tinerfeño de  Los Rodeos, en 1977, pese a haberse debido en buena parte a un error humano, provocó cambios en las conversaciones con los controladores, la forma en que la tripulación toma las decisiones y en otros extremos, que luego fueron implantados en la navegación aérea de todo el mundo.
Estoy seguro que en ello ya están pesando los técnicos en materia ferroviaria, luego de la tragedia de Angrois: en cómo mejorar protocolos, tecnología y normativa para  incrementar la seguridad en un servicio que ya es de los más seguros, pero que deberá seguir cerrando el paso al, por otra parte, inevitable error humano. Mientras tanto –repito– conviene no crear alboroto. La opinión pública tiene legítimo derecho a saber lo que pasó y a conocer cuál fue el fallo o fallos que se llevaron por delante ochenta vidas humanas y más de un centenar de heridos. Pero antes habrán de hablar la Justicia y los técnicos de turno.
Es de desear que lo hagan cuanto antes, aunque ello lleva lógicamente su tiempo. Todo lo demás, como esas comisiones parlamentarias de investigación que algunos proponen, acarrearán muy probablemente más bulla que claridad. Mal augurio es en este sentido que quienes más bronca parecen  querer crear con este tema sean quienes a través de sus grandes altavoces mediáticos mayor hostilidad vienen mostrado hacia el Gobierno.