ÉTICA ANTES QUE LEGALIDAD

El pasado jueves, el gabinete del presidente Feijóo aprobaba el manual de buenas prácticas en la Xunta para trabajadores y altos cargos. Un código ético con el que se pretenden eliminar las lagunas que a día de hoy tienen el Código Penal o la Ley de Transparencia de Galicia. Se trata de un manual que afectará a casi noventa mil trabajadores de la Administración autonómica así como a los más de doscientos cincuenta altos cargos y miembros del personal de confianza. Asimismo este código será obligatorio para los contratistas que trabajen para la Xunta. Hace unas semanas que mostraba mi agrado por esta iniciativa de Feijóo. Una medida con la que se pretende alejar las posibles sospechas sobre la conducta de los altos cargos en una serie de puntos y aspectos que, sin llegar a suponer un delito tipificado, al menos arrojaban sombras y dudas sobre nuestros dirigentes y personal administrativo. De aquella todavía no se conocía el texto pero sí el espíritu de la norma, que era muy de alabar. Ahora ya se conoce por lo menudo la letra de este código y en él se intuye el interés por no dejar resquicios para quienes siempre pueden buscar la trampa en la ley. Aunque en principio el carácter de dicho manual solo será aplicable a la administración autonómica, parece que es intención del gobierno popular dar traslado del mismo al resto de órganos consultivos y estatutarios de Galicia, a fin de que procuren también su aplicación, así como enviar el texto al Parlamento, en el marco de la Comisión Anticorrupción creada en la cámara y se intentará convencer a los concellos para que asuman dicho código ético.
Entre las medidas que se establecen para preservar la imagen de quienes nos gobiernan está la restricción sobre regalos, que no podrán exceder el valor de noventa euros, ni de forma aislada ni como la suma de varios de ellos a lo largo de un año por una misma persona. Pero hay otras a tener en cuenta como la destitución de aquellos altos cargos a quienes se les descubra una cuenta en un paraíso fiscal o la imposibilidad de cobrar por dar conferencias a los conselleiros, secretarios generales, directores y asimilados. Sin duda un buen primer paso en el camino de la recuperación de la confianza hacia quienes nos gobiernan, que esperemos no se quede solo en buenas palabras sino que se ponga en marcha. Así la legalidad no estará por encima de la ética.