Con el revuelo causado por la sentencia dictada el pasado 21 de diciembre, por el Tribunal de Justicia Europeo declarando el derecho de los consumidores a ser resarcidos por la aplicación abusiva de las cláusulas suelo, el gobierno no ha perdido comba para arropar de nuevo a los bancos. Sorprende, como poco, que desde que estalla la crisis y miles de familias se vieron en la calle por no poder pagar sus hipotecas, los gerentes en esto de la cosa pública miraban para otro lado. 
Surgen plataformas anti desahucios,  asociaciones de ayuda a familias en la calle,  mientras el banco de turno (Banco o Caja que para el caso es lo mismo) que se las había adjudicado en pago de la deuda, luego  se desentendía de todos los pagos, ni cuotas de  comunidad, ni impuestos.   Viviendas que luego eran vendidas a fondos buitre a precio superior al que fueron adquiridas,   mientras al desahuciado aun le quedaba una deuda durante 20 años por las cantidades no satisfechas que fueron objeto de ejecución. 
Nadie dijo nada. Es más, hubo voces de ilustres juristas, alguno incluso Ministro, que hablaba del “cumplimiento de los contratos”. La banca y sobre todo las cajas cayeron en picado por el desfalco de sus gerentes, que se iban con pensiones millonarias y primas por despido bochornosas. 
Se inyectó dinero a las entidades bancarias (las desprotegidas) por parte del Gobierno,  diciendo que ese dinero se iba a devolver. Ya sabemos que ese dinero recayó sobre cada ciudadano como la lluvia ácida. 
Fueron los tribunales  los que poco a poco, aun sin legislación clara que amparara la interpretación legal empezaron a impartir justicia. A decir, que se estaba cometiendo un abuso en la aplicación de las cláusulas hipotecarias que venían reflejadas en las escrituras públicas. Escrituras que la mayoría, no solo no entendía, sino que  ni siquiera tenía en su poder. 
El de a pie es mejor que no lea, que se fíe de lo que le dicen, y que no proteste que ya la escritura estipula la facultad de la entidad de resolver el contrato y solicitar lo que falta de deuda. Gastos hipotecarios, a cargo del hipotecado, intereses de morosidad sobre el interés ordinario y el capital generando interés, compromisos del hipotecado en el crédito como tarjetas de crédito, seguros y demás prebendas para que el banco no pierda. Pago de costas, gastos y copias a cargo del pringado. 
El Tribunal Supremo en el año 2013 pisó algo el freno,  anulando los límites al interés variable (suelo) aunque no procedía reclamar las cantidades abonadas en exceso para no “quebrantar” al banco. Y en este estado de cosas llega Europa y dice que si no se devuelve lo cobrado en exceso no se está protegiendo adecuadamente al consumidor. Hay que devolverlo todo, todito. Algo tan obvio, ¿cómo pasó tan desapercibido por nuestros gestores públicos? ¿No interesaba o es que en el fondo lo que interesa es el voto y al pueblo que le den? 
Desde el 21 de diciembre los hipotecados se han lanzado a reclamar lo que es suyo, que les pertenece y que les han cobrado de más. Las entidades bancarias ya han recibido sus consignas y de nuevo siguen la política de tergiversación, engaño y mala fe, que les ha caracterizado y que es la oficial,  auspiciada por los poderosos. Los que controlan, los que saben. 
Dicen al cliente que espere, que el gobierno va a tomar medidas, que se les va a devolver todo pero ya se verá. Y se va a ver sin duda. Están elaborando un Decreto-ley que establece el sistema extrajudicial de resolución de las cláusulas suelo y que busca incentivar los acuerdos y evitar saturar los juzgados. 
¿Va a ser que al gobierno le preocupa saturar los juzgados,  cuando hace años que no se invierte en justicia y la saturación o no de los juzgados se la trajo al pairo?. No, de lo que se trata, OTRA VEZ, es de forzar al ciudadano para que “negocie” con el Banco. Y negociar supone ceder. ¿Son tan generosos los ciudadanos para condonar cantidades a los Bancos? ¿Perdonaron estos algo a sus clientes?