Para evitar que algunos torturadores de la antigua policía política franquista y algunos ministros de la dictadura sean juzgados por tribunales internacionales por crímenes contra la Humanidad, la mayoría parlamentaria del PP, aplicando una política aislacionista y contraria a los acuerdos internacionales firmados por España, aprobó en solitario y por vía de urgencia la no aplicación de la Justicia Universal en nuestro país, convirtiéndonos en una isla de impunidad.
A consecuencia de esto, una docena de narcotraficantes y delincuentes ya han sido puestos en libertad.
Por cierto, el suegro del actual ministro de Justicia es José Utrera Molina, uno de los ministros franquistas citados a declarar por un tribunal extranjero por crímenes de lesa humanidad.
¿Ha tenido que ver esta circunstancia “casual” con la iniciativa del Gobierno? Así está el patio.