Como dijo un sabio, la historia parte de la memoria, para posteriormente disociarse de ésta y establecerse como una disciplina autónoma. 
Mucha polémica se está creando sobre el Valle de los Caídos y el traslado de los restos del dictador convirtiendo el lugar en el monumento a la concordia. La cosa no deja de ser chocante porque basta conocer que significa este conjunto monumental alzado en las afueras de Madrid, para entender que debe desaparecer como tal. 
Según se documenta, fue construido entre 1940 y 1958, en pleno franquismo, y en homenaje a los “héroes y mártires de la Cruzada” que “legaron una España mejor”. 
Es decir, a los que lucharon y murieron por Franco durante la Guerra Civil. Así lo recoge la Orden firmada por el dictador en 1940. Para su construcción, además de emplear a personal contratado, también trabajaron presos políticos bajo las normas del Patronato Central de Redención de Penas por el Trabajo, organismo que hizo posible la utilización de los presos políticos como mano de obra a cambio de una reducción de la condena. En el Valle hay una iglesia –la basílica del Valle de los Caídos– donde están enterrados en diferentes criptas y pisos 33.833 cadáveres, de los cuales 12.410 son de personas desconocidas, lo que lo convierte en la mayor fosa común de España. Los muertos fueron llevados desde fosas comunes y cementerios de toda España, excepto de Ourense, A Coruña, Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife. Junto a la basílica hay una abadía de monjes benedictinos, la Abadía de la Santa Cruz, que gestiona el templo. Otro edificio anexo, alberga una escolanía donde son educados niños cantores de 9 a 14 años. “Es la única Escolanía del mundo que canta gregoriano todos los días durante el curso académico”. Frente a la abadía, está una hospedería para pasar la noche o para estancia de retiro. Allí solía ir a meditar el ex ministro de Interior Jorge Fernández Díaz. 
Las fosas y los osarios son de competencia estatal, constituyen un “cementerio público”, según la Ley 52/2007. El resto del Valle es también de titularidad estatal y está gestionado por Patrimonio Nacional, dependiente del Ministerio de Presidencia. Con una excepción: la basílica, que es propiedad de la Iglesia y la abadía la puede gestionar como considere. Y sobre todo este conjunto monumental se alza la Gran Cruz, plenamente visible. 
Cuestionar el traslado y cuestionar que es un monumento a Franco resulta claramente una falacia, si de verdad queremos dejar atrás la historia y convertirnos en un país moderno y democrático. 
No hay vencedores ni vencidos, por lo tanto no puede haber homenaje a sangrientos dictadores que escribieron una oscura historia en nuestro país. 
 En Alemania, tras la segunda guerra mundial, se eliminaron todos los vestigios del nazismo de Hitler y de sus obras. Los alemanes rompieron completamente con esa parte de su pasado y es difícil encontrar símbolos fascistas, salvo la casa del arte de Munich donde está la imagen de las famosas esvásticas entrelazadas (consideradas arte) que nadie ha pedido borrar. Cuestionar el asesinato de los judíos, exhibir símbolos nazis en público o simplemente realizar el saludo hitleriano son actos penados en Alemania. Incluso constituye un delito poner a los hijos el nombre de Adolf Hitler. 
 En Italia, ya al finalizar la segunda guerra mundial, se aprobó una ley de las víctimas con exhumación de fosas comunes. La figura de Mussolini está presente, pero muy poco. En los imponentes edificios fascistas, que construyó el dictador, pueden leerse frases suyas y sus adeptos pueden admirar su obra en el foro itálico, llamado foro Mussolini. Tiene pocos apoyos y las estatuas cuestionadas, se modificaron con placas o inscripciones en pro de la libertad y el valor cívico. 
Sin embargo, en España, parece que todo lo que atañe a Franco, un dictador similar a Hitler o Mussolini, da sarpullido. No es posible mantener después de cuarenta años la simbología franquista y la permisión por parte de los poderes públicos de monumentos a Franco. Ello con independencia de las ideas y las tendencias. Ya es tiempo de cruzar la línea de la libertad que no tuvimos. 
Emma González es abogada