La corrupción en 2016

España registró en  2016, como en  2015, el peor dato de percepción de la corrupción de su historia. Algo que no sorprende a nadie debido al número de casos aflorados y al continuo conocimiento de escándalos que la prensa registró en ese fatídico año.  Los casos Gurtel, Ere o Púnica, por solo hacer referencia a los más mediáticos, explican por sí mismos el crecimiento de esta lacra en la vida pública de nuestro país.
En el índice de corrupción de transparencia internacional de 2016 nuestro país se sitúa en el puesto 41 de 176 países con un total de 58 puntos. En 2015, a pesar de disponer de la misma puntuación, ocupábamos una mejor posición. Ahora perdemos cuatro lugares y obtenemos la peor posición de la serie histórica en comparación con el resto de países. Estamos por debajo de la media comunitaria en una situación manifiestamente mejorable  Aunque España afortunadamente no se encuentra entre los países de corrupción sistémica, el nivel existente en la contratación pública permite pensar que en este sector la corrupción está bastante generalizada.
Los índices de corrupción realizados por transparencia internacional se basan, como es sabido,  en encuestas a expertos, a líderes de multinacionales y a ciudadanos. Son datos de percepción, no de corrupción real. Es verdad, pero reflejan la opinión pública sobre el tema y rara vez se ponen en cuestión.
Entre las causas del elevado índice de corrupción en España están la ausencia de verdaderos controles independientes, la politización de las altas magistraturas de la administración de justicia, la dependencia del Ministerio Fiscal, la escasa democracia interna de los partidos, la ausencia de criterios objetivos en la selección de las élites, y también, la concentración del poder en la actividad partidaria. A pesar de que se han promulgado normas en materia de transparencia y acceso a la información, precisamos de un programa más integral de lucha contra la corrupción. En el mismo sentido, necesitamos, una adecuada cultura de la corrupción con estándares de funcionamiento transparentes y de detección temprana. Asimismo, es menester garantizar el  anonimato de los denunciantes. 
Estos días se han publicado unos datos del Consejo General del Poder Judicial sobre las causas abiertas en materia de corrupción y sobre las sentencias recaídas que nos dan una idea aproximada de la extensión y capilaridad de la corrupción.  La realidad, como bien sabemos, acredita que todavía hay una mayoría de españoles que desconfía de los partidos políticos como instituciones de interés general y de las promesas de muchos dirigentes asentados por décadas en la cúpula de estas organizaciones. La ciudadanía, entre resignada e indignada, apunta a los partidos como las instituciones más desprestigiadas de la vida democrática española, tal y como mes a mes registran las encuestas del CIS desde hace ya varios años.
En Europa, a pesar de la gravedad de la cuestión, se retrasa el informe sobre la corrupción y la palpitante y rabiosa actualidad de fenómenos como el del brexit, la crisis de los refugiados y el terrorismo, desvía la atención de un gravísimo problema que sigue creciendo abriendo las puertas al populismo.
 La ejemplaridad, decía Hume, es escuela de humanidad.  Cuando los políticos se ocupan en serio de los asuntos del interés general, entonces ordinariamente no hay tiempo para cosas distintas que trabajar de sol a sol por la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos. En cambio, cuando el fin de la actividad política consiste en el cálculo y en la astucia para permanecer como sea en la cúpula, entonces la corrupción, de una y otra forma, con más o menos intensidad, está servida. Lo comprobamos, lamentablemente, a diario.