Injurias, calumnias y libertad de expresión

Decía el Código Penal que era injuria toda expresión proferida o acción ejecutada en deshonra descrédito o menosprecio de una persona. 
Actualmente se define como aquella acción o expresión que lesione la dignidad de una persona, menoscabando su fama o atentando a su propia estimación. Sólo son punibles las injurias consideradas como graves.  Es calumnia la acusación de la comisión de un delito hecha con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio de la verdad. 
Por lo tanto, en ambas figuras aparece una fina línea entre lo que puede ser delictivo y la libertad de expresión que consiste en la facultad de opinar sobre cualquier persona con independencia del ámbito al que se refiera. 
Esto es un campo de abono  que germina cual mala hierba en épocas de campaña electoral. De ahí que cada día se viertan mentiras o medias verdades en las que subyace un poso o intención espuria sobre candidatos a los que se imputan actuaciones fraudulentas o, como poco, ajenas a la legalidad. 
El ánimo no es otro que difamar, desacreditar y de paso imputar algún delito, que por leve que sea, el mal está hecho. También el derecho al honor, como sabemos, es un derecho fundamental reconocido por la Constitución cuya importancia nadie cuestiona, del mismo modo que, desde los primeros pasos de la andadura de la Constitución de 1978, se comprendió que ese derecho tenía que convivir con el derecho a dar y recibir información veraz y, por lo tanto, se admitía que el ejercicio cotidiano de ambos derechos podía dar lugar a choques, como así ha sido y seguirá siendo.
 Y de esta manera se enfrentan la ley penal con la civil, en la lógica pretensión de regular este tipo de conflictos que por ser difusos permiten una completa impunidad en el boom de las redes sociales. 
Y es que la interpretación y aplicación del criterio entre delito de injurias o calumnias, vulneración del derecho al honor y simple libertad de expresión, hay una serie de criterios sobre los que es difícil por no decir imposible levantar límites. 
La Audiencia Provincial de Cádiz en sentencia 30/2019, de 28 de enero (Recurso 163/2018) condena al actual alcalde de Cádiz por un delito de calumnias con publicidad dirigidas contra el anterior equipo de gobierno tras las declaraciones efectuadas en una reunión con vecinos y periodistas. 
Los acusados cuestionaron públicamente la gestión de la situación del suministro de agua en Cádiz, imputando a los querellantes que, a sabiendas, estaban permitiendo que se consumiera agua contaminada durante varios días. 
Para la Audiencia esta imputación, aun estando dirigida a personas que no se nombran nominalmente, sí permite averiguar quiénes son por los cargos que ostentan: la Alcaldesa y un Concejal. Fueron condenados pues, no por opinar sobre actuaciones realizadas por el político de turno, sino por afirmar actuaciones falsas que de ser ciertas serian delito. 
Cualquier  empresario siempre  es responsable de sus acciones. Si vende artículos defectuosos o engañosos, tarde o temprano, pagará tal abuso. Incluso si hace una línea de productos que no gusta a la gente —el mercado—, lo tendrá que retirar. Sin embargo, en el político es todo lo contrario. Las acciones del político no tienen consecuencias. Y menos cuando ante el temor de perder el puesto acusa a sus oponentes de actuaciones fraudulentas con pleno conocimiento de su falsedad. 
La Política,  que en su día fue considerada un arte noble que se preocupa por el bienestar de los demás, se ha convertido para algunos en una práctica miserable y corrupta. 
La oposición y diferenciación entre la moral y la política, o la ética y la actuación al frente de las instituciones, no puede ni debe ser conceptuada como una cuestión teórica. 
No  debe mezclarse  todo porque como decía Maquiavelo, la política acaba destruyendo a la moral.  Sin la política, no serían posibles otras formas de convivencia en la sociedad moderna de nuestros días. Sin embargo, se ha pasado de la crítica sobre la actuación política a la crítica personal. 
Emma González es abogada