Sin duda alguna se han dado pasos importantes, en los últimos años, en materia de información y protección para los afectados por procedimientos de ejecuciones hipotecarias y por impagos de rentas de alquiler. Varias medidas importantes de la Xunta (aunque no suficientes), acuerdos entre el Consejo General del Poder Judicial y la Fegamp así como el acuerdo de colaboración entre el Instituto Galego de Vivenda e Solo, dependiente de la Consellería de Infraestruturas, y la Valedora do Pobo para el intercambio de información y así contribuir a paliar los efectos de las ejecuciones hipotecarias y también de las personas en riesgo de ser desahuciadas como consecuencia del impago de las rentas de alquiler.
El éxito y la eficacia de estos acuerdos, entre organismos y entidades públicas, en muchas ocasiones dependen del eficaz y rápido funcionamiento de los departamentos de los servicios sociales municipales o de base para que se puedan activar los mecanismos previstos en los protocolos para la valoración del cumplimiento de los requisitos familiares e informar, con agilidad, sobre los programas a los que pueden acogerse las familias para garantizar el derecho constitucional a una vivienda digna.
La coordinación efectiva entre todas las partes no debe quedarse solo en el papel del acuerdo sino que tiene que plasmarse en la realidad diaria, evitando que ninguna familia, en situación de vulnerabilidad, tenga que quedarse en la calle por la imposibilidad de hacer frente a sus obligaciones económicas, de buena fe, en sus hipotecas o pagos de alquiler de sus viviendas habituales. Me consta que el empeño que ponen, los diferentes funcionarios, desde la oficina de la Valedor do Pobo es exquisito y muy comprometido con la defensa de los Derechos Fundamentales de los ciudadanos y eso es de agradecer.