¿Dónde hay que firmar?

No sé si Pedro Sánchez logrará convencer esta mañana a Artur Mas de que la mejor  salida al independentismo es la reforma federal de la Constitución que abandera su partido como “tercera vía” –entre la inacción de Madrid y el referéndum unilateral– para el encaje de Cataluña en España. 
El proyecto de reforma constitucional que el dirigente socialista presentará al resto de las fuerzas políticas en este mes de septiembre es ambicioso y de gran alcance porque incluye, además, transformar el Senado en verdadera Cámara de representación, reconocer los hechos diferenciales de las comunidades, modificar el modelo de reparto de competencias, un nuevo sistema de financiación “más justo y equitativo” y blindar el Estado de Bienestar. 
Tan llamativo como el federalismo es esta última pretensión de incorporar en la Carta Magna como derechos fundamentales las prestaciones del Estado de Bienestar:  educación, sanidad, pensiones y la protección social, sobre las que los socialistas quieren lograr un consenso con otras fuerzas políticas para impedir “por la vía de la garantía constitucional” que gobiernos como el actual cercenen y desmantelen los servicios públicos.     
Realmente, si el modelo federal fuera capaz de parar el desafío soberanista catalán, sin hacer concesiones que hieran al resto de España, y si la sola inclusión de los servicios públicos en la Constitución garantizara sus prestaciones, que digan dónde hay que firmar y nos adherimos a la causa de la reforma. 
Federalismo aparte, que es asunto complejo y requiere más espacio que el de esta columna, cualquier ciudadano sabe que los servicios del Estado de Bienestar no están garantizadas por el hecho de incluirlos en un artículo de la Constitución en la que cabe todo, desde los derechos exigibles a los derechos indicativos. 
Ese bloque de servicios fue producto del crecimiento económico que generó recursos para sostenerlos. Por tanto, la garantía de que sigamos beneficiándonos de la sanidad, educación, pensiones, dependencia... está en la reactivación de la economía, que es el verdadero blindaje el Estado de Bienestar, ahora recortado por la crisis y severamente amenazado de desaparición por el débil crecimiento, los contratos en precario y los salarios bajos que no aportan recursos suficientes al Estado para poder financiarlo. 
Por tanto, está bien meter esos servicios en la Constitución, pero en paralelo hay que velar por la recuperación de la economía que los sostiene.