LA REBELIÓN DE LOS JUECES

Los jueces se rebelan. Se sublevaron, ya en su día,  contra Gallardón, por la  nefasta Ley de Tasas que ha privado del acceso a la justicia al ciudadano corriente, colocándole en clara indefensión. Mostraron su malestar por la reforma del Consejo General del Poder judicial o la de los Registros civiles.  A ellos se unió el resto de colectivos jurídicos (abogados, procuradores, funcionarios, fiscales o secretarios judiciales) que no dejaron de formular manifiestos, escritos y paros parciales  reivindicando una marcha atrás que nunca se produjo.  Por lo tanto, de momento seguimos igual o peor.
La semana pasada, además, los jueces presentaron una demanda de conflicto colectivo en la que hacen constar la sobrecarga de trabajo y la falta de medios en nuestros juzgados. Se trata de una reclamación novedosa pues exigen al  Ministerio de Justicia y al Consejo que adecúe la plantilla judicial al nivel de su litigiosidad. Ello, porque,  casi la mitad de los jueces soportan una carga de trabajo superior al 150% de la establecida como normal.
 El portavoz de jueces para la democracia ha denunciado el colapso que sufren y la falta de medios. Sin duda tienen razón, pues cualquiera que se acerque a un juzgado podría pensar que nos encontramos en los albores del siglo XX a la vista del ingente papel que invade mesas, estanterías y suelos. Todo amontonado, sin ton ni son, lo que potencia no solo la dificultad de afrontar el estudio de una causa, sino que frente al justiciable el crédito hacia su justicia está por los suelos.
La llegada de la crisis trajo un incremento de trabajo en los juzgados de lo social o mercantiles que se vieron desbordados, ocasionando de esta manera retrasos injustificados en la resolución de despidos o procedimientos concursales. Y esto, no cabe duda, repercute en el justiciable. A todo ello hay que añadir, el gravamen que supuso  suprimir el colectivo de jueces interinos que,  sin duda, a pesar de no ser de carrera, ayudaban y mucho,  al fluir regular de las oficinas judiciales. Y muchos de ellos estaban a la altura de cualquier Juez profesional, no solo por su dedicación o estudio sino por la amplia experiencia y conocimientos. Con la supresión, son los jueces titulares los que deben sustituirse entre ellos, por lo que las vistas han de suspenderse al no poseer sus señorías el don de la ubicuidad.
En el ámbito penal, pasa más de lo mismo, atendida la pandemia de casos de corrupción. Este tipo de asuntos han atrofiado unos juzgados inoperantes de por sí, y al ser procedimientos complejos, potenciamos que se eluda la acción de la justicia.
Por lo demás, los jueces denuncian que pese a estar aprobado el reglamento de salud laboral de los magistrados, el CGPJ, en palabras textuales,  “carece de las herramientas esenciales para una eficaz protección frente a los riesgos laborales, incluidos los psicosociales, del colectivo judicial: una evaluación de riesgos y la fijación de una carga de trabajo máxima a efectos de salud laboral”. Esta situación pone a los jueces, según la demanda, en “la más absoluta desprotección”. Causa sorpresa que un Juez declare en una sentencia que una empresa incumple la normativa de riesgos laborales cuando él mismo se encuentra desprotegido en ese sentido. El mundo al revés.
El caso es que hace años que se denuncia esta situación. Se exigen reformas legales, pues en el ámbito penal no se puede funcionar con una Ley de 1882, donde  los casos eran menos y los medios otros. Hoy en día no se justifica la inexistencia de digitalización de medios, comunicación por medios telemáticos y un sistema ágil y preciso que ayude a resolver una causa en un tiempo razonable.
Una justicia que tarda más de cinco años en resolver un asunto deja de ser justa, pese a quien le pese.
Lo más grave de todo es que el futuro es sombrío. Porque a la clase política no le interesa en absoluto proveer de herramientas a este colectivo. Y menos con la que les está cayendo.
Emma González es abogada